Arde
el Estado
La historia se
repite tediosamente. Apenas hay variaciones; si acaso, los actores intercambian
los papeles que interpretan. Con los incendios de Guadalajara se han sucedido
idénticos fenómenos que a propósito de la catástrofe del Prestige:
incapacidad del sector público para dar respuesta en tiempo y forma, y unos
políticos que se aprovechan e intentan arrimar el ascua a su sardina. Todo,
todo vale con tal de desgastar al adversario. Demagogias con las cacerías o con
Sin embargo, y lo
mismo que con el Prestige, nadie se ha planteado
seriamente el porqué, y el porqué es relativamente simple. En determinados
momentos críticos, al margen de la mayor o menor incompetencia de los
gobiernos, el Estado no puede dar respuesta por la sencilla razón de que nos
hemos quedado sin Estado. Se ha aceptado acríticamente que la descentralización
política realizada mediante el proceso autonómico incrementaba la eficacia de
la Administración; pero no ha sido así, entre otras razones porque se han
destruido todas las economías de escala, y cada una de las Comunidades
Autónomas se muestra incapaz de dar respuesta en solitario a determinadas
catástrofes o problemas complejos. La Administración central, tras la
transferencia de competencias, tampoco está en la mejor de las situaciones y la
coordinación de las Comunidades Autónomas con el Estado y de éstas entre sí resulta
difícil y llena de obstáculos, complicándose hasta el infinito cuando el
diálogo debe hacerse entre gobiernos de distinto signo político.
En casos como el del Prestige
o el del incendio de Guadalajara, este déficit de medios y de coordinación se hace
patente al gran público. Otras veces, como cuando se trata de política
económica, o de sanidad, está más oculto y su inferencia resulta más difícil,
pero no por ello es menos cierta y real. Paradójicamente, todos miran al
Gobierno central exigiendo soluciones, olvidando que éste apenas tiene ya
competencias. Si descontamos
Pero no ha sido sólo el proceso autonómico
el que está deteriorando el Estado, también colabora una ideología liberal que
se ha propuesto como finalidad cercenar sus dimensiones privándole de casi
todos sus medios. Se le ahoga financieramente reduciendo los impuestos y
anatematizando el déficit por pequeño que sea, se condena el gasto público y se
defienden las privatizaciones. Al mismo tiempo, se despoja progresivamente a
los poderes públicos de toda función reguladora, apostando por que sean los
mercados -como se dice eufemísticamente- los que dicten las normas. Se
propician uniones como la europea en que, si bien se sustraen competencias de
los Estados nacionales, no se crean uniones políticas a mayor escala capaces de
sustituirlos.
Después de este
desmantelamiento progresivo, ¿nos puede extrañar que el sector público sea
incapaz de cubrir contingencias como la vejez, la enfermedad o el paro? ¿Por
qué pedimos cuentas a los gobiernos por la inflación o la marcha de la economía
si antes se les ha desposeído de los instrumentos para controlarlos? ¿Por qué
nos asombra que los servicios públicos funcionen deficientemente o sean
incapaces de solucionar las situaciones de emergencia si hemos optado por lo
privado y saludamos con alegría cualquier programa de jibarización
del Estado? Al menos, seamos consecuentes, dejemos de quejarnos.