Próxima
reforma del IRPF
Las campañas de propaganda bien orquestadas
hacen que dudemos de verdades que de otra forma parecerían evidentes e
inmediatas, por ejemplo que toda rebaja en un impuesto progresivo tiene efectos
regresivos, disminuyendo la carga fiscal de los contribuyentes en tanto mayor medida cuanto más ricos son. Así ocurrió en la
última reforma del IRPF en la que, como se ha repetido profusamente, el 1% de
los contribuyentes, aquellos cuya rentas están por encima de los 14 millones de
pesetas (unos 134.000) se repartieron 110.000 millones de pesetas, cantidad
similar a la que se aplicó a beneficiar a siete millones de contribuyentes (el
56%), aquellos cuya renta no superaba los 2 millones de pesetas. Como se puede
observar, la reducción del gravamen fue similar: en el primer colectivo casi un
millón de pesetas por término medio, en el segundo la media no llegó ni a las
20.000 pesetas.
Pues bien, el gobierno del PP después de
elevar los impuestos indirectos, aquellos que pagamos todos en una proporción
similar, para compensar, anuncia una nueva reducción del IRPF. La verdad es que
lo hace con planteamientos un tanto exóticos que si no fuera por la fuerza de
los medios de comunicación y la autoridad que al personal le infunde siempre un
ministro, cualquier mortal no dudaría en tildar de descabellados.
El titular de Hacienda anuncia que la
reforma va a beneficiar a los parados. A uno le cuesta entender cómo puede
beneficiarles la rebaja de un impuesto del que están exentos el 99% de este
colectivo. Si de verdad se les quiere ayudar lo lógico sería actuar del lado
del gasto público, es decir incrementando la prestación por seguro de
desempleo, bien sea en la cuantía o en la cobertura. Y ahí sí que hay mucho que
reformar, puesto que casi las dos terceras parte de
los parados no perciben ninguna cantidad y la mitad del tercio restante cobra
un subsidio que no cubre la mera subsistencia. No es extraño que los recursos
destinados a esta prestación hayan pasado de ser el 3,48% del PIB en 1993 al
1,28% en los últimos años.
Bueno, pues no. Nada de prestación por
seguro de desempleo. El ministro de Hacienda quiere que la ayuda sea en el
IRPF. Claro que si profundizamos algo más, descubrimos que no es a los parados
a los que pretende favorecer sino a los que dejan de ser parados, es decir a
los que se colocan. Algo así como lo del Evangelio: al que tiene se le dará, y
al que no tiene se le quitará. Una nueva visión de la protección social; en
lugar de un seguro de desempleo lo que va existir es un subsidio de colocación.
Y es que, ciertamente, si los salarios reales continúan evolucionando como en
los últimos años no es de extrañar que se precise la colaboración de Cáritas.
Por aquí vamos ya por el buen camino para
adentrarnos en la finalidad última de la medida. Porque no es ni a los parados,
ni a los empleados a los que se pretende subvencionar sino a los empleadores, a
los empresarios que podrán abonar remuneraciones aun más reducidas, gracias y a
costa de los dineros públicos. Las vueltas y revueltas que dan para llegar al
mismo objetivo.
El ministro de Hacienda anuncia también que
la nueva reforma favorecerá a las familias, y es que en el PP son muy amantes
de la familia. Ya lo decía el padre Peiton:
"familia que reza unida permanece unida". Montoro
parece decir "familia que desgrava unida crecerá y se multiplicará. Hay
que ayudar a la mujer trabajadora".
Pero, como siempre, habrá que preguntarse a
qué familias se va a favorecer. Sin duda a las de renta alta, cuyas
desgravaciones serán sustanciosas y suficientes para contratar los servicios
precisos para el cuidado de los hijos menores o de los ancianos. A las otras
familias, a las mujeres trabajadoras –no se porqué tiene que ser precisamente a las mujeres– de bajos
ingresos difícilmente la exigua cantidad en que se reducirá su gravamen, en el
caso de que se reduzca, podrá solucionarle el problema de compatibilizar su
trabajo con el cuidado de la prole y de la tercera edad.
La solución sería sin duda otra, que el
Estado prestase los servicios sociales necesarios a todas las familias o
individuos que lo precisasen, independiente de cual fuese su renta. El aumento
en la esperanza de vida y la incorporación laboral de la mujer exigen una mayor
oferta –oferta que debe ser pública– de este tipo de bienes. Tal debería ser la
respuesta adecuada. Claro que eso sería si de verdad se quisiese solucionar el
problema y no se usase lo de la familia y el trabajo de la mujer como coartada
para reducir la progresividad del sistema fiscal.