La reforma fiscal del PSOE

El Gobierno ha aprobado una nueva rebaja del IRPF, como si no hubieran sido bastante las dos realizadas por el Partido Popular. Bien es verdad que el PSOE estaba obligado a acometerla después de todas las simplezas dichas en la oposición. Todo aquello de que bajar los impuestos era de izquierdas y la promesa de implantar un tipo único.

Lo primero que hay que afirmar, antes incluso de analizar el contenido de la reforma, es que es muy difícil que una reducción de un impuesto progresivo como el IRPF no sea regresiva y no tenga efectos perniciosos sobre la redistribución de la renta. Existe lo que se llama el coste de oportunidad, es decir, que los recursos que se han dedicado a una finalidad no pueden dedicarse a otra. Según el Gobierno, el coste de la reforma va a ascender a dos mil millones de euros, que traducido a nuestras antiguas pesetas da un montante superior a los trescientos mil millones. La pregunta inmediata es si, en un país en que la protección social está seis puntos del PIB por debajo de la media comunitaria, el mejor destino que se podía dar a esa cantidad era el de reducir un impuesto progresivo.

Cada una de las reformas del PP costó al erario público, según la propia información de los respectivos Gobiernos, seiscientos mil millones de pesetas, que unidos a los trescientos mil de ahora significa una pérdida de recaudación anual de billón y medio de pesetas. O, expresado de otra manera, si no se hubiesen realizado aquellas reformas y tampoco se acometiese ésta, el IRPF recaudaría anualmente un billón y medio de pesetas más. ¿Podemos decir luego que no hay dinero para la sanidad o para las pensiones? Cuando se comparan los índices de pobreza de España con los de la Unión Europea resulta que nuestro país se encuentra en la media si se calculan antes de la actuación del Estado, pero se sitúa a la cabeza de todos los países en el número de pobres después de las transferencias del sector público. El sistema fiscal y de protección social de los otros países logra reducir la pobreza en mucha mayor proporción que el nuestro.

Los gobiernos españoles, sean del signo que sean, lejos de encaminarse a reducir el déficit que nuestro país tiene en protección social, se dedican a bajar los impuestos progresivos como el IRPF o el de sociedades, que benefician en cantidades absolutas (tal como hay que hacer la comparación) tanto más cuanto mayores sean las rentas.

Yendo al contenido de la reforma y dejando al margen ajustes sin importancia más o menos justificables, el núcleo se encuentra en consolidar definitivamente el carácter dual introducido en el impuesto por el PP con una tarifa progresiva (aunque cada vez menos progresiva) para las rentas del trabajo y un tipo proporcional mucho más bajo para las rentas del capital (eufemísticamente lo llaman tributación del ahorro). La injusticia social es evidente, al tiempo que contradice los principios en que se asienta un impuesto sobre la renta moderno y progresivo que debe gravar a la totalidad de la renta, independientemente de cuál sea el origen del ingreso y que si alguna discriminación cabe hacer es beneficiar las rentas del trabajo frente a las del capital.

Para completar el carácter regresivo en que va a quedar sumido nuestro sistema fiscal, se anuncia la reducción en los próximos años del tipo del impuesto de sociedades (otros dos mil millones de euros). Es curioso el discurso de la reacción. Primero se dice que hay que bajar el IRPF para equipararlo al de sociedades y después se reduce éste para que estemos en condiciones de volver a empezar.