Fallaron las auditorías

Afirmaba el otro día el vicepresidente económico que en Gescartera habían funcionado los controles públicos y fallado los privados, las auditorías. Que las auditorías han fallado, evidente. Pero lo que ya no está tan claro es que se trate de controles privados. Sin duda son privadas las empresas que los realizan, pero la función es pública y la responsabilidad también. En cierta forma, la actividad de la auditoría se asemeja a la de los notarios, dan fe pública, atestiguan que las cuentas que presenta una empresa son o no son fiel reflejo de su situación patrimonial y económica.

Don Rodrigo se ha acostumbrado a utilizar el calificativo de «privado» a modo de coraza que libra al Gobierno de responsabilidad. Cuando la huelga de pilotos, pretendió desentenderse afirmando que Iberia era una empresa privada, y similar fue su respuesta ante la acampada de Sintel. Pero en uno y otro caso, por mucho que el capital de ambas empresas estuviese en manos privadas -en Sintel más bien lo que ocurría es que se habían llevado el capital-, las implicaciones y las consecuencias eran públicas y al final el Gobierno tuvo que intervenir. Ahora, nos dice que las auditorías han fallado pero que son privadas, como si ese mal funcionamiento fuese algo ajeno al Gobierno. De los poderes públicos -no podría ser de otra forma- depende la configuración del sistema, la normativa a que debe someterse esta actividad y los controles y la supervisión de su actuación. El sistema no funciona porque se aprobó una ley totalmente permisiva, elaborada según las conveniencias del sector y de las asociaciones profesionales. Los fallos y los errores se producen con total impunidad sin que se exija a los auditores responsabilidades civiles ni penales. La cuantía de las sanciones previstas es insignificante, el procedimiento para imponerlas farragoso y el organismo de vigilancia ineficaz e hipotecado por las presiones de las grandes firmas. Las siete primeras dominan el 60% del mercado. Y uno de los pocos elementos de disciplina que la ley preveía -la prohibición de que una empresa fuese auditada más de nueve años seguidos por la misma firma- fue modificado en el Parlamento a iniciativa de CiU, en el preciso momento en que iba a empezar a tener virtualidad. Privadas o no privadas, es igual. El hecho es que el Gobierno tiene mucho que ver en el mal funcionamiento de las auditorías. La responsabilidad no sólo deriva de las acciones, también de las omisiones.