De
nuevo las pensiones
Parece ser que
Gobierno y sindicatos están negociando una vez más la reforma del sistema
público de pensiones. Con este tipo de reformas sucede como con las fiscales o
las laborales, que todas las realizadas desde hace por lo menos veinte años han
tenido un denominador común, el ser regresivas. El sistema público de pensiones
está sometido de forma permanente a una fuerte ofensiva. Los altavoces del
neoliberalismo económico no pierden ocasión de cuestionarlo. No hay informe de
organismo internacional que se precie que no ponga en duda su viabilidad y que
no recomiende su reforma, es decir, su progresiva reducción.
Si tuviésemos memoria o al menos fuésemos
capaces de rebuscar en las hemerotecas, nos sorprenderían las previsiones apocalípticas
que en los años ochenta realizaban sesudos informes de prestigiosos servicios
de estudios acerca del seguro desplome que acechaba al sistema público en el
año 2000. Nada de ello se ha cumplido, pero sus autores, lejos de avergonzarse
por sus errores y recluirse en el silencio, se mantienen en sus trece, sólo que
anunciando el cataclismo para el año 2020.
Es en ese ambiente de alarma generalizada en
el que surgió el pacto de Toledo. En teoría, para defender -según decían- el
sistema, pero paradójicamente constituye su mayor amenaza ya que le dejan en
una situación de precariedad, al hacer depender su financiación no de la
totalidad de ingresos del Estado sino únicamente de las cotizaciones sociales.
Bien es verdad que en el Pacto no se empleaba la palabra “exclusivamente” sino
“principalmente”, pero lo cierto es que el axioma de la separación de fuentes,
que ha informado a lo largo de todos estos años su aplicación, va diluyendo en
el olvido la posibilidad de que las pensiones se financien con impuestos
condenándolas así a una mayor inestabilidad.
Financiar las pensiones exclusivamente con
cotizaciones sociales es hacer depender su viabilidad del empleo y de la
participación de la población activa sobre la total. Éstos son los parámetros
preferidos por los detractores del sistema público, con los que pueden hacer
funcionar sus argumentos, y en los que todas las hipótesis son posibles.
La situación cambia radicalmente desde el
instante en que renegamos de la separación de fuentes de financiación y nos oponemos
a la segregación entre Seguridad Social y Estado. La unión de ambos supone
negar la posibilidad de quiebra de
Hacer depender la financiación de las
pensiones de la totalidad de ingresos del Estado es trasladar el problema de la
financiación desde la renta de los activos, es decir de los trabajadores, a la
totalidad de las rentas incluyendo las de capital. La viabilidad no se plantea
ya en el plano demográfico o en la proporción entre activos y pasivos, sino en
términos de la producción global sea cual sea el número de productores. Lo que
importa es la renta per cápita y ésta, tanto en el pasado como se supone que en
el futuro, va a seguir creciendo. No existe ninguna razón, pues, para dudar de
la sostenibilidad del sistema, incluso de la posibilidad de su mejora. Lo
garantiza no ese ridículo fondo de reserva, sino el aval de todos los ingresos
del Estado. En definitiva, desde esta nueva óptica radicalmente contraria al
Pacto de Toledo, el problema, de existir, no es tanto de escasez de recursos
como de voluntad política de redistribuirlos mediante una política fiscal
adecuada.