Dadivoso en pensiones

La semana pasada el Ecofin, consejo de ministros de economía y finanzas de la Unión Europea, examinó la actualización del Plan de Estabilidad de España para el 2003. Nos aprobaron. Eso sí, no faltó la consiguiente advertencia sobre la desmedida inflación y sobre todo la recomendación de moderación salarial y reforma del sistema público de pensiones.

Las recetas son siempre las mismas, dentro de la más pura línea neoliberal, y es que la mayoría de las veces el Ecofin se limita a bendecir lo que presenta la Comisión y ésta funciona a piñón fijo. Es igual que el comisario sea socialista o conservador. La UE es la prueba más evidente de hasta qué punto el neoliberalismo económico contagia a todos los partidos y gobiernos.

Pedir a nuestro país moderación salarial cuando sus salarios son de los más bajos de toda la Unión y los incrementos de los últimos años ni siquiera alcanzan en muchos casos para mantener el poder adquisitivo, suena a rechufla o dogmatismo. Pero con todo es el tema de las pensiones el más irritante, ya que los distintos organismos internacionales han adoptado como norma referirse a una supuesta generosidad de nuestro sistema público de pensiones. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una suculenta pensión que ya quisieran los trabajadores más cualificados de nuestro país.

Esa versión idílica de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos irreales, y en los que además resultan difíciles las comparaciones internacionales. Parten de la siguiente pregunta: ¿Qué pensión percibiría en relación con su último salario una persona que hubiese cotizado el número máximo de años para alcanzar la pensión máxima (en España 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país 65 años)? Este porcentaje que se sitúa en España por encima del 90% es superior al de muchos países de la UE, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador los países más pobres de la Unión son los más rumbosos con sus jubilados.

Nada menos cierto, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que ignora otros muchos componentes: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. Lo cierto es que la tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje, no alcanza ni siquiera el 50% del salario medio. En el año 2001 la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 111.000 pesetas, mientras que el salario medio para el 2º trimestre de ese año fue de 227. 000 pts.

La prueba más palpable de que nuestro sistema público de pensiones tiene muy poco de generoso se encuentra en que España es el país de la UE que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (9,9%), seguido de Portugal (10,1%) que, según el parámetro indicado anteriormente, aparece también como un país muy dadivoso con sus jubilados, incluso más que España. Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia, países según parecen menos magnánimos, gastan todos ellos en pensiones más del 13% del PIB. Difícil de entender.

El mito de la inviabilidad futura del sistema, a causa del envejecimiento de la población, está también lleno de falacias. Hace aproximadamente dos años que el propio Ministerio de Trabajo publicaba un estudio prospectivo sobre el gasto de pensiones en los próximos cuarenta años. Aun cuando muchos de sus supuestos son discutibles, lo cierto es que las conclusiones están lejos de las aseveraciones apocalípticas a que las entidades financieras y sus expertos nos tienen acostumbrados. Según el citado estudio, con la actual normativa, el gasto en pensiones se mantendría casi constante en porcentaje del PIB desde el presente hasta el año 2020, período que corresponde a la entrada como pensionistas de las generaciones nacidas en la guerra y en los años inmediatamente posteriores. El mayor incremento se produciría del 2020 al 2030 cuya incorporación afecta al de las generaciones de finales de los cincuenta y de los sesentas en que se dio una alta tasa de natalidad. Así y todo, el incremento que experimentaría en los próximos cuarenta años el gasto en pensiones sería de 3,5 puntos del PIB con lo que tan sólo nos situaríamos en la media europea.

Todo el discurso que rodea a las pensiones esta trufado de elementos espurios. Hay muchos intereses en juego. No se trata únicamente de la pretensión de reducir gastos sociales, uno de los ejes del neoliberalismo económico, sino de propiciar el negocio, negocio muy rentable para las entidades financieras, de los fondos privados de pensiones. Quién duda que éstas tienen suficiente fuerza para imponer y difundir un mensaje, y quién duda que los funcionarios de los organismos internacionales se limitan a repetir como loros lo que les dicen en el interior.