¿Queda algo por
privatizar?
Creíamos
que no, que entre los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar se
habían deshecho de todo el importante conglomerado de empresas públicas que
tenía el Estado. Pues hete aquí, que el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero no quiere ser menos, y rebuscando, rebuscando ha encontrado alguna
cosilla. Nada menos que los aeropuertos y las loterías. Es más, parece que,
puestos a privatizar, se privatiza el futuro, pues no otra cosa son las
concesiones y las colaboraciones público privadas.
Allá por el año 1986, en el Consejo del INH,
del que yo a la sazón era miembro, se comenzó a hablar de la conveniencia de
convertir el ente público cabecera del holding en una empresa (que después se
llamaría Repsol), con la finalidad de sacar una participación del capital a
bolsa. Ingenuamente (bueno, no tan ingenuamente) pregunté al presidente,
entonces Óscar Fanjul, acerca del propósito de tal
medida. La respuesta podría pasar a los anales de las estupideces más grandes
de la historia.
Se
me dijo que eran dos los motivos. En primer lugar, se buscaba que los mercados
dictaminasen sobre la marcha de
La
segunda razón era aún más chocante. La finalidad, según decían, era obtener
financiación. Todo el mundo sabe que una empresa posee dos formas de
financiarse: con fondos propios (es decir, ampliando capital) o mediante fondos
ajenos (pidiendo un crédito o un empréstito). El abc
de la economía de la empresa nos indica en qué circunstancias se deberá optar
por uno u otro procedimiento. En realidad, la cuestión no tiene mucho misterio;
siempre que la tasa de beneficios se encuentre por encima del tipo de interés,
lo razonable será elegir recursos ajenos, y viceversa. El INH proporcionaba al
Estado una rentabilidad bastante más elevada que el coste financiero de
cualquier préstamo, por lo que sacar la empresa a bolsa significaba regalar a
los inversores privados una cuantiosa plusvalía. Pero quizás era eso lo que se
pretendía, a juzgar por los destinos en que han terminado los artífices de la
operación.
La
privatización de REPSOL, al igual que la del resto de grandes empresas
públicas, ha acarreado un espolio a los ciudadanos, despojándoles de activos
muy rentables. Las consecuencias han sido un deterioro de las condiciones
laborales de los trabajadores, un incremento espectacular de los sueldos de sus
ejecutivos, una notable reducción de los ingresos públicos (beneficios) –que de
ninguna manera compensa la disminución de la previsible carga financiera de la
deuda amortizada con los recursos obtenidos por la venta–,
y, más grave que todo ello, la de entregar mercados cautivos a los intereses
privados. Son sectores en los que resulta imposible que exista competencia.
Todo monopolio es perverso, pero infinitamente más si es privado. En
democracia, frente a un gobierno se tiene alguna capacidad de presión, frente
al poder económico, ninguna.
En
la explotación de los aeropuertos y en la administración de las loterías
difícilmente puede darse
Existe
una equivocación muy extendida, la de creer que las privatizaciones reducen el
déficit. No es así. Más bien es factible que lo incremente. En realidad, lo
único que se hace es minorar, al mismo tiempo, pasivos y activos. El impacto
sobre el déficit dependerá de la relación entre la cuantía de la carga
financiera de la deuda que se reduce y los ingresos que dejan de producir los
activos que se venden. Tampoco parece que se produzca ningún efecto sobre