Autonomías e impuestos a los ricos

Quizás para acallar la mala conciencia y con la pretensión de compensar la política regresiva que el Gobierno central está instrumentando en materia económica, algunas Autonomías gobernadas por el partido socialista se han decidido, según dicen, a subir los impuestos a los ricos y para ello han incrementado por su cuenta la tarifa del tramo autonómico del IRPF, demostrando con ello únicamente el carajal que en materia fiscal está ocasionando el Estado autonómico. Por lo visto, ser rico es distinto en Andalucía, Extremadura o Cataluña, ya que cada una de estas tres Comunidades ha elevado el tipo marginal del IRPF en un tramo distinto de renta.

Se rompe así el principio fiscal de equidad horizontal que establece que los contribuyentes con el mismo nivel de capacidad económica soporten idéntico gravamen. Pues bien, a partir de ahora la presión fiscal será diferente según la Comunidad a la que se pertenezca. Pero hay algo más, se quiebra la política redistributiva interterritorial. Resulta evidente que aquellas Autonomías cuyos contribuyentes posean ingresos más elevados podrán conseguir mayores recursos.

Es verdad que las distintas reformas acometidas en los últimos veinte años han incrementado la injusticia de nuestro sistema fiscal, pero la solución no puede venir de que cada Comunidad haga la guerra por su cuenta, sino de acometer en el ámbito nacional una reforma en profundidad que corrija los desaguisados realizados anteriormente en esta materia.

Las medidas que cabría adoptar son bastante obvias, a no ser que lo de subir los impuestos a los ricos sea sólo un eslogan propagandístico y en realidad se pretenda que nada cambie. Resumidas de manera breve serían las siguientes.

Primera. Englobar de nuevo las rentas de capital en la tarifa general del IRPF. El mayor desafuero actual en materia tributaria es que tales ingresos estén gravados a un tipo muy inferior al que corresponde a las rentas del trabajo. Y no se diga que el capital se marcharía a otras latitudes, porque sólo existen cuatro países en Europa además de España que mantienen esta situación de discriminación.

Segunda. Cambiar la tributación de las SICAV, instaurar de nuevo el régimen de transparencia fiscal y modificar el Impuesto sobre Sociedades de manera que no fuera posible utilizar formas societarias para la elusión del IRPF.

Tercera. Establecer un nuevo impuesto de patrimonio y reformar el de sucesiones, manteniendo límites exentos elevados, de manera que no recayesen sobre las rentas medias pero sí gravasen suficientemente las altas. Se complementaria así  el IRPF, especialmente para aquellos contribuyentes en los que la percepción de sus ingresos se dilata en el tiempo al tratarse de incrementos patrimoniales.

Cuarta. Una nueva tarifa del IRPF estructurada en un número mucho más elevado de tramos y en la que el tipo marginal de los contribuyentes con ingresos verdaderamente altos fuese mayor. No parece tener mucho sentido que al pasar la base imponible de 28.000 a 34.000 euros el tipo marginal se incremente en nueve puntos, de 34.000 a 54.000 en seis puntos y, sin embargo, a partir de esta cantidad permanezca constante. Es decir, que los contribuyentes que cobran 60.000 euros anuales tienen el mismo tipo marginal que los consejeros de las empresas del Ibex que perciben 600.000. Éstas también son rentas del trabajo.

Quinta. Una reforma de la Ley General Tributaria que dotase a la Administración de los medios e instrumentos legales para combatir el fraude fiscal, corrigiendo así muchos de los descalabros que la gestión tributaria ha sufrido en los últimos tiempos.

Es factible suponer que si se adoptasen todas estas iniciativas desaparecerían en buena medida los problemas que hoy sufren las finanzas públicas. Baste recordar que las tres últimas reformas fiscales (dos del PP y una del PSOE) tienen en conjunto un coste anual, confesado por su propios autores, de 12.000 millones de euros.