Autonomías e
impuestos a los ricos
Quizás para acallar la mala
conciencia y con la pretensión de compensar la política regresiva que el
Gobierno central está instrumentando en materia económica, algunas Autonomías
gobernadas por el partido socialista se han decidido, según dicen, a subir los
impuestos a los ricos y para ello han incrementado por su cuenta la tarifa del
tramo autonómico del IRPF, demostrando con ello únicamente el carajal que en materia fiscal está ocasionando el Estado
autonómico. Por lo visto, ser rico es distinto en Andalucía, Extremadura o
Cataluña, ya que cada una de estas tres Comunidades ha elevado el tipo marginal
del IRPF en un tramo distinto de renta.
Se rompe así el principio fiscal de
equidad horizontal que establece que los contribuyentes con el mismo nivel de
capacidad económica soporten idéntico gravamen. Pues bien, a partir de ahora la
presión fiscal será diferente según la Comunidad a la que se pertenezca. Pero
hay algo más, se quiebra la política redistributiva interterritorial.
Resulta evidente que aquellas Autonomías cuyos contribuyentes posean ingresos
más elevados podrán conseguir mayores recursos.
Es verdad que las distintas
reformas acometidas en los últimos veinte años han incrementado la injusticia
de nuestro sistema fiscal, pero la solución no puede venir de que cada
Comunidad haga la guerra por su cuenta, sino de acometer en el ámbito nacional
una reforma en profundidad que corrija los desaguisados realizados
anteriormente en esta materia.
Las medidas que cabría adoptar son
bastante obvias, a no ser que lo de subir los impuestos a los ricos sea sólo un
eslogan propagandístico y en realidad se pretenda que nada cambie. Resumidas de
manera breve serían las siguientes.
Primera. Englobar de nuevo las
rentas de capital en la tarifa general del IRPF. El mayor desafuero actual en
materia tributaria es que tales ingresos estén gravados a un tipo muy inferior
al que corresponde a las rentas del trabajo. Y no se diga que el capital se
marcharía a otras latitudes, porque sólo existen cuatro países en Europa además
de España que mantienen esta situación de discriminación.
Segunda. Cambiar la tributación de
las SICAV, instaurar de nuevo el régimen de transparencia fiscal y modificar el
Impuesto sobre Sociedades de manera que no fuera posible utilizar formas
societarias para la elusión del IRPF.
Tercera. Establecer un nuevo
impuesto de patrimonio y reformar el de sucesiones, manteniendo límites exentos
elevados, de manera que no recayesen sobre las rentas medias pero sí gravasen
suficientemente las altas. Se complementaria así el IRPF, especialmente para aquellos
contribuyentes en los que la percepción de sus ingresos se dilata en el tiempo
al tratarse de incrementos patrimoniales.
Cuarta. Una nueva tarifa del IRPF
estructurada en un número mucho más elevado de tramos y en la que el tipo
marginal de los contribuyentes con ingresos verdaderamente altos fuese mayor.
No parece tener mucho sentido que al pasar la base imponible de
Quinta. Una reforma de
Es factible suponer que si se
adoptasen todas estas iniciativas desaparecerían en buena medida los problemas
que hoy sufren las finanzas públicas. Baste recordar que las tres últimas
reformas fiscales (dos del PP y una del PSOE) tienen en conjunto un coste
anual, confesado por su propios autores, de 12.000 millones de euros.