Operación rescate
Insistentemente,
el premio Nobel de economía, Paul
Krugman, ha criticado las medidas de rescate a las
entidades financieras planteadas primero por Bush y
posteriormente por Obama. La razón radica en la forma
en que se han instrumentado mediante la compra de activos tóxicos y no a través
de la recapitalización de los bancos. El plan de Geithner no es sustancialmente distinto al de Paulson. Detrás de ambos se encuentra el miedo que en la
sociedad americana despierta la palabra nacionalización. Sin embargo, cualquier
procedimiento que no la contemple no ataja el problema de raíz y permite la
supervivencia indefinida de los bancos zombis, al tiempo que se prima a los
accionistas y gestores responsables del desaguisado y perjudica a los contribuyentes.
España tiene
pendiente su particular plan de rescate que se está demorando con respecto al
de otros países. El retraso se debe quizás a la aparente falta de urgencia, al
no contar nuestras entidades financieras con hipotecas subprime americanas en sus
balances, lo que se explica no tanto por la bondad de la tutela del Banco de
España sino porque, dado nuestro déficit de la balanza de pagos, los bancos
españoles acudían a los mercados internacionales a endeudarse en lugar de a
invertir.
No obstante,
según avanza la crisis se va tomando conciencia de que muchas de las entidades
financieras españolas pueden estar tocadas por sus propias hipotecas subprime, es
decir, por créditos nacionales difíciles de recuperar. Moody’s
acaba de rebajar la calificación a treinta de ellas. Nuestro sistema financiero
no está operando con fluidez y constituye un embudo para la financiación de
particulares y empresas y un elemento sustancial, por tanto, en el agravamiento
de la crisis. Mientras no se saneen adecuadamente los bancos y las cajas, no se
restablecerá la situación de normalidad en los créditos y será difícil salir de
la recesión.
Parece ser que
el gobierno prepara un decreto ley en el que se crea el Fondo de
Reestructuración de Ordenación Bancaria encargado de sanear los bancos con
dificultades. Por lo que se ha filtrado a la prensa, el diseño va en la buena
dirección: capitalización de las entidades financieras mediante la adquisición
de acciones, en el caso de los bancos, y de cuotas participativas en el de las
cajas, pero en ambas instituciones asumiendo derechos políticos y, por lo tanto,
capacidad de gestión. Es lo menos que pueden pedir los contribuyentes que van a
ser los paganos de los derroches anteriores. Lo que no se entiende es esa insistencia
en afirmar que pasada la tormenta deben volver al sector privado.
El decreto ley
deberá sortear también el escollo de la ley de cajas de ahorros, que cometió el
error de asignar la tutela de estas a las Comunidades Autónomas. En la época de
la globalización y cuando uno de los graves problemas con que se ha encontrado