La escopeta nacional y europea
La Comisión ha abierto expediente sancionador al
reino de España por déficit excesivo. Supongo que algo parecido tendrá que
hacer con los otros veintiséis países de la Unión. En estas circunstancias,
todos ellos se están saltando a la torera la disciplina presupuestaria. Y es
que no están los tiempos para remilgos. Se trata de salvar los trastos. Por
eso, no hay nada más ridículo que, al tiempo que se escucha el grito de sálvese
quien pueda y se desmoronan todos los principios en los que se basaba lo poco
que había de Unión Europea, la Comisión continúe con sus ritos como si nada
hubiese pasado. Lo mejor que puede hacer es entonar el mea culpa y autodisolverse.
La crisis nos está enseñando que de nada vale la
estabilidad presupuestaria si el país está desestabilizado, y que tan
peligroso o más que el endeudamiento
público es el privado. Pero la inercia es grande y los tópicos, numerosos; por
ello, el Gobierno español practica la ley del péndulo. Un día afirma que hay
que reactivar la economía y acuerda créditos extraordinarios para poner en
funcionamiento una serie de proyectos -muchos de ellos sin estar maduros- y al
día siguiente declara que hay que ser austeros y aprueba recortes
presupuestarios.
El plan de restricciones presupuestarias es, como la
mayoría de estos planes, un completo desastre, no sólo porque si se quiere
reactivar la economía lo que menos se precisa es austeridad, sino porque lo
barato termina siendo caro y los recortes se van a traducir en una mayor
ineficacia de la Administración. En primer lugar, es curioso que se deje fuera
de las medidas a los ministerios de nueva creación cuya necesidad parece muy
dudosa y a las agencias, esos engendros administrativos instaurados por este
Gobierno, que con el pretexto, como siempre, de flexibilizar la gestión, se
configuran con mecanismos de control más laxos y con la posibilidad de que el
político de turno pueda contratar a quien quiera.
En segundo lugar, la medida de eliminar vacantes y
de reducir la oferta de empleo público parece contraproducente en un momento en
el que el objetivo primario es crear empleo. Sólo va a servir para empobrecer
aún más los servicios públicos y, lo que es peor, en muchos casos para externalizarlos.
Ante la escasez de empleados públicos, los distintos organismos encargarán las
tareas a consultoras o empresas privadas. El precio será mayor y por tanto el
gasto público y las posibilidades de control, menores, y menores las garantías
para los administrados.
Las políticas que van en detrimento de la
Administración suelen ser muy populares. Existen medios poderosos interesados
en ello, que se esfuerzan en crear el clima adecuado, pero lo cierto es que
todas esas actuaciones, al revés de lo que se cree, no suelen ir contra los
funcionarios, sino contra la sociedad y los administrados. El deterioro de la
justicia que los distintos gobiernos han permitido y propiciado no perjudica
principalmente a los jueces, sino a los ciudadanos.
En tercer lugar, el plan afecta únicamente a la
Administración central, pero esta representa en nuestro país tan sólo una
porción reducida del sector público, tanto más si se dejan fuera de
consideración las pensiones y el seguro de desempleo. Uno de los graves problemas
que hoy tiene España es que carece de un sector público unitario con el que
actuar, en especial en tiempo de crisis. Chaves acaba de descubrirlo, cada
Autonomía otorga su propia licencia de caza, y por eso con buen criterio
propugna que haya una sola a nivel nacional. Y me pregunto yo qué tal si la
educación, la sanidad, la justicia, las ayudas sociales, las cajas de ahorro y
especialmente los impuestos vuelven a ser nacionales, ya que no pueden ser
europeos, sin que se den diferencias en función de la región en la que se vive.
Por cierto, hablando de cacerías, nadie ha planteado
la pregunta verdaderamente importante acerca de aquella en la que participaron
el ministro de justicia y el juez superestrella. ¿Quién la pagó y por qué? El
sueldo de ministro y de juez como mucho da para cazar perdices.