Botín procesado

La Audiencia Nacional ha confirmado la actuación de la juez María Teresa Palacios en el procedimiento que se sigue contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui, a pesar de que el fiscal pedía el archivo de la causa. Cosa curiosa esto de la fiscalía que se ensaña con los rateros pero siempre está dispuesta a pedir el sobreseimiento cuando se trata de poderosos.

Después del pronunciamiento de la Audiencia parece ineludible que Botín se siente en el banquillo de los acusados. Sin embargo, nada indica que piense dimitir, ni se alzan, como cabría esperar, demasiadas voces exigiéndolo.

Nuestra sociedad practica un doble rasero ético. A los políticos, a los administradores del Sector Público no se les pasa ni una, sin embargo, todo es flexibilidad y laxismo cuando se trata de los gestores del sector privado. ¿Cómo hubiera reaccionado la opinión pública si un político utilizase los recursos públicos para pagar a sus competidores miles de millones de pesetas con la única finalidad de que le dejaran el camino libre? Pues bien, esta parece que ha sido la estrategia seguida por Botín. Tras la fusión del BCH y del Santander eran demasiados a mandar y Botín deseaba todo el poder para él. Nada mejor que romper, con recursos del banco, la resistencia de los otros candidatos. ¿Y quién no se retira con tal ofrecimiento?

Botín se queda con el banco y Amusátegui y Corcóstegui con los millones; y los accionistas, trabajadores y sobre todo clientes, con la asunción del coste de la operación. Total, es tan fácil repercutir el coste en los clientes. Comisioncita aquí, comisioncita allá se va llenando el cestillo, casi sin que el cliente se entere. Cualquiera que opere con el Santander es consciente de cómo van cayendo las comisiones en la cuenta corriente sin que se conozca muy bien el motivo. Un cuentacorrentista se podrá encontrar con que después de tener a lo largo del año un saldo medio positivo de más de un millón de pesetas, ¡oh misterio de las finanzas!, el banco carga en la cuenta un resultado negativo.

A todo político procesado, sea cual sea la causa. se le exige inmediatamente la dimisión. Este patrón no parece regir para los banqueros incluso cuando el delito del que se le acusa es de administración desleal y, sin embargo, en pocas profesiones o actividades se manejarán fondos ajenos en tal cuantía como en la de los rectores de entidades financieras. Al concejal de un pueblo perdido de Galicia o de la Mancha se le demanda absoluta honradez para permanecer en su cargo, pero este requisito no cuenta para dirigir el primer banco del país.

Se ha querido disfrazar la operación apellidando al convoluto, de pensiones. El cinismo se eleva de grado. Aquellos que arremeten contra el sistema público de pensiones y pretenden dejar a los jubilados en la mayor de la precariedad no tienen empacho en confesar que con cargo a la entidad que dirigen se aseguran, como pensión, cifras astronómicas. En tales condiciones ¿para qué van a necesitar las pensiones públicas?