El poder en las Cajas de Ahorro

Las sociedades suelen ser bastante farisaicas. Desde luego, la nuestra lo es. Lo es cuando exige a los políticos que asuman valores y comportamientos muy alejados de las pautas sociales, que ni se aplican ni rigen en el ámbito privado. Se ha producido una inversión en los juicios. Desde “El Príncipe” de Maquiavelo hasta el “Mirabeau” de Ortega se venía defendiendo que el político no está sometido a los preceptos éticos que rigen para el común de confesores. En la política todo estaba permitido. En los momentos actuales, ocurre lo contrario: manga estrecha para el político y extremadamente ancha para el mundo de los negocios. Y, a lo mejor, tal cambio tiene su lógica, lógica perversa, y es que el verdadero príncipe tal vez hoy no sea el gobernante sino el banquero, el empresario o el alto ejecutivo.

Todo el mundo parece rasgarse las vestiduras con las actuales luchas por el control de la Caja de Ahorros de Madrid, pero al mismo tiempo se considera como la cosa más natural que tales enfrentamientos se produzcan en un banco o en una empresa privada. La aseveración de que la política interfiere en las entidades financieras es causa automática de descalificación y de inmediato se contrapone a los criterios profesionales, olvidando que los criterios profesionales están siempre al servicio de alguien.

El problema es el mismo, un problema de poder y de quién o quiénes lo consiguen. Hoy, mal que bien, se admite que el poder político debe ser democrático, pero en cuanto se trata del poder que surge del dinero cualquier viso de democratización se rechaza de antemano. Después de las privatizaciones, que han significado sin lugar a dudas una transferencia de poder del ámbito democrático al de los intereses particulares, las Cajas de Ahorros constituyen uno de los pocos sectores en los que el poder todavía obedece a criterios mínimamente democráticos.

Aun cuando las Cajas se definen como privadas, lo cierto es que, al carecer de propietarios particulares en sentido estricto, pertenecen a la sociedad -determínese ésta como se determine-, y es a las instituciones y a los órganos de gobierno de la sociedad a los que hay que encomendar su control.

Las Cajas de Ahorros nacieron de una necesidad social. En un Estado liberal que renunciaba a toda intervención económica sólo quedaba la lógica implacable del mercado y del lucro privado. Diferentes iniciativas pretendieron paliar los graves efectos de este juego darvinista. El sector crediticio y financiero precisaba en mayor medida que ningún otro de contrapesos correctores. Pero en el Estado Social, en el que los poderes públicos democráticos asumen esta función, instituciones benefactoras como las de las Cajas de Ahorros quedan en tierra de nadie. Lo lógico es que hubiesen pasado a integrarse en el sector público. Bien es verdad que, dados los tiempos que corren, a esta fecha estarían todas privatizadas tal y como lo está la Caja Postal.

La solución adoptada a principio de los ochenta fue mixta. Que sus órganos de gobierno estuviesen integrados por representantes de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organizaciones sindicales y empresariales, depositantes, etcétera. El sistema puede que no sea perfecto, pero no cabe duda de que es bastante mejor que el que rige en las instituciones financieras privadas, en las que difícilmente se sabe quién manda y a quién representan los que mandan. Bastante mejor por ser más democrático, y porque frente a los enormes escándalos y crisis que han azotado a los bancos durante los últimos treinta años, con un coste enorme para el erario público, las Cajas de Ahorros se han escapado bastante bien.

¿Luchas por el poder? Por supuesto, pero ¿acaso no se dan en las entidades privadas y de manera mucho menos transparente? ¿Por qué escandalizarse de que el PSOE quiera cambiar al presidente de la Caja de Ahorros de Madrid? ¿Acaso no lo hizo el PP en 1996, y no lo había hecho el PSOE con anterioridad? ¿Por qué escandalizarse de que el PP haya pactado con Comisiones Obreras? En todas las Comunidades Autónomas, los Consejos de las Cajas se han configurado de acuerdo con la correlación de fuerzas; pero ese es el juego democrático, sobre todo porque los ciudadanos pueden influir en esa correlación de fuerzas, cosa que en absoluto ocurre en las entidades privadas. Hablar de criterios profesionales es simplemente entregar el poder a una elite que no representa a nadie.