Fraccionamiento del sistema sanitario

Que viene el lobo. Todos conocemos la fábula de Esopo y recordamos cómo el pastor asustaba gratuitamente a sus vecinos con la presencia del lobo. Cuando el lobo llegó de verdad, nadie le creyó. Al PP le puede suceder algo similar, adopta con frecuencia tonos tan apocalípticos que termina perdiendo credibilidad. El PSOE sabe sacar ventaja de tal actitud: puesto que las predicciones de la oposición están lejos de cumplirse al cien por cien, descalifican y ridiculizan toda su crítica, aun en aquellos planteamientos en los que pudieran tener razón, y presentan como perfectas todas las actuaciones del Gobierno.

Tomemos como ejemplo la política autonómica y territorial. El PP llevó su crítica al Estatuto de Cataluña a posiciones demasiado catastrofistas, lo que ha permitido al Gobierno y a su entorno mofarse razonando del siguiente tenor: “El Estatuto se ha aprobado y, en contra de algunas profecías, España continúa sin dividirse”. El argumento es en verdad simplón e implica un concepto de España metafísico o hipostasiado, algo próximo a la definición joseantoniana de unidad de destino en lo universal. Ser o no ser. Otros preferimos hablar del Estado español, y tener de él un concepto funcional, conglomerado de múltiples facetas o funciones. La unidad no se plantea como todo o nada. La unidad no se pierde en un único momento. La división es algo progresivo y parcial que acaece según se van quebrando y troceando cada una de las competencias del Estado.

Se han dividido la sanidad, la educación, los tributos; se ha fraccionado la política agrícola, la medio ambiental, la de vivienda, la fiscal, la comercial, la de emigración, la industrial, la lingüística, buena parte de las obras públicas, los servicios sociales y un largo etcétera. Incluso en algunas Autonomías también está transferida la policía. ¿Acaso no son más los lazos que se han roto que los hilos de unión que permanecen? Cierto que todo esto no cabe imputársele en exclusiva al Estatuto de Cataluña, cierto que viene de más atrás, pero es innegable que éste y el resto de estatutos, que lo copiarán aunque sea de forma parcial, van a colaborar intensamente a que este proceso continúe y a que la separación se ahonde mucho más.

Unión o división? División, sin duda, de la política de emigración, cuando los responsables de la Generalitat en esta materia lanzaron el otro día el globo sonda de que se iba a crear para los emigrantes un carné de aptitud que midiese el grado de catalanidad asimilado por el extranjero, englobando por supuesto el conocimiento de la lengua catalana. Vamos, algo así como el certificado de pureza de sangre de otras épocas históricas, o el certificado de buena conducta del franquismo.

¿Unión o división? División, ciertamente, en la sanidad. Esta prestación se encuentra cerca del caos desde que se transfirió su competencia a las Autonomías, que parecen en buena medida incapaces de gestionar un servicio tan esencial y mucho menos garantizar su homogeneidad en todo el territorio nacional. La disparidad y la pluralidad de situaciones reina en el conjunto, desde la retribución del personal hasta en uno de los mayores problemas para los pacientes: las listas de espera.

También el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha mostrado incapaz de unificar los tiempos máximos de demora en todas las Comunidades Autónomas, a pesar de anunciar en abril de 2004 que no deberían pasar de siete días para una prueba de diagnóstico, diez días para la primera consulta con un especialista y cuarenta y cinco días para una intervención quirúrgica programada. Estos tiempos, tres años después, constituyen una utopía y la situación es radicalmente distinta según donde resida el paciente, ya que cada Autonomía ha establecido periodos diferentes en su ley de garantías.

Buen ejemplo de esta disparidad se encuentra en las posiciones extremas de Castilla-La Mancha y Cantabria. Mientras que en la primera se establece que la demora en las pruebas diagnósticas no puede pasar de siete días, en Cantabria se fija en treinta, y en las operaciones quirúrgicas estos tiempos pasan a ser de noventa y ciento ochenta días, respectivamente.

Por otra parte, los plazos de demora fijados son más teóricos que reales, puesto que las trampas para ocultar los incumplimientos de las propias normas dadas son generalizadas. Quizá las más llamativas sean las que realiza la Comunidad de Madrid, cuyos datos no son admitidos por el Ministerio de Sanidad al falsearlos por medir la espera para la operación únicamente a partir del día en que están realizadas las pruebas de anestesia, momento muy cercano a la intervención.

Las Comunidades se quejaron de que la transferencia de la sanidad se había hecho por parte del Gobierno del PP con un importante déficit de financiación, pero ello no impidió que todas ellas la aceptasen aunque no estuvieran dispuestas a acudir al llamado céntimo sanitario. Han logrado más financiación del Gobierno del PSOE. Sin embargo, no está muy claro que hayan empleado estos nuevos recursos en la sanidad, como tampoco está claro que estén dispuestas a elevar los impuestos cuando los servicios sanitarios lo exijan. Reclaman corresponsabilidad fiscal (rotura también del sistema fiscal), pero únicamente para bajar los impuestos; subirlos resulta muy impopular.