¿QUIÉN HA
ELEGIDO A LA OCDE?
Hace ya mucho tiempo que la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dejado de
cooperar y tiene muy poco que ver con el desarrollo. Se ha convertido en uno de
los voceros más fieles y radicales del neoliberalismo económico. En estos
momentos acaba de hacer público un informe sobre España. Nunca se conoce la
identidad de los sabios que elaboran tales documentos; lo cierto es que en esta
ocasión podría muy bien haber sido confeccionado por la CEOE, ya que recoge
perfectamente todos los horrores a los que nos tiene acostumbrados la patronal.
El informe, con total ignorancia,
afirma dogmáticamente que nuestro sistema de pensiones es muy generoso. Debe
ser por ello, por lo que un porcentaje muy elevado de la pobreza en España se
sitúa entre los jubilados. Sólo hay que constatar la parte del PIB que se gasta
en pensiones y compararlo con el resto de los países. Veremos que nuestro país
se mantiene más bien a la cola de la Europa de los 15.
Como si fuese poco retrasar la edad
de jubilación a los 67 años, el informe de la OCDE se permite profetizar
(cuando sus previsiones suelen fallar para el año que viene) lo que va a
ocurrir el año 2025. Según afirman tan sensatos analistas, a partir de dicha
fecha se debería alargar aun más la edad de jubilación. Además, propugnan, cómo
no, que se incremente el periodo de cotización y que el cómputo a efectos de
calcular la cuantía se extienda a toda la vida laboral. Sería muy ilustrativo
preguntar a don Angel Gurría
y a los insignes redactores del informe acerca del régimen de pensión del que
disfrutan en la OCDE porque, curiosamente, los funcionarios de los organismos
internacionales que predican austeridad y ajustes al resto del mundo gozan
después de toda clase de privilegios personales.
En la misma línea, les resulta
insuficiente la última reforma laboral. Abogan por facilitar y abaratar aun más
el despido, y sobre todo, por el hecho
de que los empresarios no necesiten probar que es procedente. Todos lo son.
Sobran los jueces. Y para cerrar el círculo, nos olvidamos de la dualidad del
mercado de trabajo y se recomienda no endurecer los contratos temporales, así
las empresas contarán con una mano de obra barata de la que pueden prescindir
cuando quieran y apenas sin coste.
En su objetivo de repetir de forma
mimética el programa de la patronal, el informe se inclina por eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir la condición por
la que mantienen su vigencia mientras no son modificados. El informe reconoce
que tal eliminación podría chocar con la Constitución, pero está visto que para
la OCDE la única carta magna es el credo neoliberal.
Y para no defraudar al personal,
tan conspicuos técnicos continúan desgranando la letanía, sin olvidarse del
menor precepto: eliminar las cláusulas de salvaguardia de los convenios de
manera que los salarios no puedan recuperar la desviación acaecida en los
precios, mantener la posibilidad de que las empresas se descuelguen de los
convenios sectoriales (divide y vencerás), reducir la cuantía y el periodo de
la prestación por desempleo y, por supuesto, incrementar la imposición
indirecta y rebajar la directa porque, como es bien sabido, para crecer es
condición necesaria aumentar la desigualdad.
Poco tiene este informe de análisis
económico riguroso, lo mejor que se puede decir de él es que no es objetivo ni
neutral. Más bien hay que calificarlo de panfleto ideológico elaborado de
acuerdo con los intereses del capital y de los empresarios. Ningún partido
político, por muy de derechas que sea –y casi todos lo son bastante- se
atrevería a suscribir, al menos explícitamente, un programa como éste, que va
en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos. Pero claro, la OCDE no tiene
que pasar por las urnas.