La
reforma antilaboral
Cada vez, a uno le sorprende más el lenguaje
político. Lo blanco aparece como negro y lo negro como blanco. Todos los
gobiernos son benefactores y todas las reformas están cargadas de buenas
intenciones. El documento que el gobierno ha entregado a los sindicatos, como
proyecto de reforma laboral, es un buen exponente de doble lenguaje. Todas las
medidas parecen encaminadas a conseguir mayores cotas de bienestar para el país
y para los trabajadores. En esto, desde luego, no es original. También la
reforma fiscal presentada por el ministro de Hacienda beneficia,
principalmente, según él, a las familias y a las rentas bajas. Vamos, una
reforma de inspiración marxista y franciscana.
En las reformas hay que hacer como en las
novelas o películas policíacas, que con la intención de remedar las
investigaciones criminales se preguntan siempre por el motivo, ¿a quién
benéfica el asesinato? Con la reforma laboral deberemos hacer algo similar. Si
deseamos conocer su auténtica naturaleza tendremos que abstraer de las
intenciones explícitamente declaradas, e interrogarnos acerca de su verdadera
finalidad, el motivo último.
El motivo, desde luego, no puede ser el
excesivo gasto público dedicado a la prestación del seguro de desempleo. Las
restricciones presupuestarias pudieron ser, sí, la causa de aquel famoso
"decretazo" aprobado por el gobierno de González en la primera parte
de los noventa. Entonces, un nivel de paro muy elevado, unido a una enorme
precariedad en el empleo, que sometía a una buena parte de los trabajadores a
entradas y salidas continuas del mercado laboral, dispararon el coste de esta
prestación, hasta el extremo de que en 1993 sólo el 42% pudo ser sufragado con
cotizaciones, debiendo el presupuesto del Estado financiar el 58% restante con
una aportación al INEM de 1.642,6 miles de millones de pesetas.
La situación actual es muy diferente.
Primero, el nivel de paro se ha reducido sustancialmente y segundo, los
resultados restrictivos de la anterior reforma han surtido ya efecto. En los
momentos presentes no sólo es que la totalidad de las prestaciones se financie
con cotizaciones, es que se genera anualmente un excedente de alrededor de
600.000 millones de pesetas que se orienta a primar a los empresarios con lo
que se denomina eufemísticamente "políticas activas de empleo", que
en nuestro país no son otra cosa que reducciones de las cotizaciones sociales.
Tampoco cabe aducir, aunque eso es lo que
hace el gobierno, que el objetivo de la reforma sea impedir que el seguro de
desempleo desincentive la búsqueda de un puesto de trabajo. En la actualidad,
el número de parados en nuestro país se eleva según la EPA a algo más de dos
millones doscientos mil, de los cuales poco más de quinientos mil perciben una
prestación contributiva, y escasamente otros quinientos mil, un subsidio.
Teniendo en cuanta que más de la mitad de los parados no están cubiertos y que
las cuantías medias de prestación y subsidio son mas
bien reducidas, 102.000 y 54.000 pesetas respectivamente, resulta bastante
difícil de creer que alguien se instale en el paro confortablemente. La
permanencia en el paro se inserta más bien en el orden de la tragedia.
Todo ello aparece aun más claro cuando se
constatan los períodos de percepción de los beneficiarios. El período medio es
de seis meses y medio, todo un dispendio, y más de la mitad de los
beneficiarios no sobrepasan los cuatro meses. Sólo el 30% agota el tiempo al
que tiene derecho, y únicamente el 4,5% del total de preceptores cobran el
subsidio entre 22 y 24 meses.
Todas las comparaciones internacionales, a
las que tan aficionados son los neoliberales, muestran que nuestro país se
encuentra a la cola de Europa y de la OCDE en la intensidad de esta prestación
y en los recursos que dedica por desempleado para cubrirla. En fin, que resulta
bastante irónico plantear en España que la miseria que perciben los parados del
INEM puede desincentivar la búsqueda de empleo.
Entonces, ¿con qué finalidad se plantea la
reforma? No es difícil de averiguar. El objetivo último es abaratar los costes
laborales. Forzar a los trabajadores a que acepten cualquier trabajo por muy
exigua que sea la retribución, por draconianas que sean las condiciones
laborales. Si la prestación por desempleo puede disuadir a alguien de aceptar
un puesto de trabajo, no va a ser por la cuantía de aquella sino por el empleo
basura que se ofrece.
El objetivo de reducir más y más los costes
laborales no está presente únicamente en esta faceta de la reforma laboral.
Informa también el abaratamiento del despido improcedente, es decir, aquel que
el empresario realiza arbitraria y caprichosamente, mediante la eliminación de
los salarios de tramitación, y ese proyecto de que el Estado asuma parte del
salario cuando coloca a un parado que está cobrando la prestación del seguro de
desempleo. Vamos, que a este paso las empresas en lugar de pagar a sus
trabajadores van a cobrar por ellos.