Reforma
electoral
Parece claro que el actual sistema electoral
no resulta demasiado satisfactorio. Son muchos, cada vez más, los que piensan
que con estas reglas de juego es inútil votar. El resultado electoral siempre viene
enmarcado por una de estas opciones, a cual peor: o bien uno de los dos grandes
partidos obtiene mayoría absoluta, con lo que tendrá la tentación de gobernar
de forma autocrática, o por el contrario no llega a controlar la mitad más uno
de la cámara y necesitará el apoyo de otros partidos minoritarios, que solo
pueden ser los nacionalistas, que prestarán su voto a cambio de privilegios
para sus Autonomías y, como todo privilegio, en contra de las demás.
Aquí es donde se halla el verdadero quid
de la cuestión: en que los únicos partidos minoritarios viables en nuestro
sistema electoral son los nacionalistas o regionalistas, que a la hora de
actuar como bisagra lo harán
exclusivamente en clave territorial. No hay nada de malo en los gobiernos de
coalición o en los gobiernos en minoría, obligados a concesiones o acuerdos con
otras formaciones políticas para poder gobernar; todo lo contrario, favorecen
el equilibrio y el consenso. El problema radica, como ya se ha indicado, en que
los únicos partidos minoritarios que el sistema permite son los nacionalistas y
su apoyo al gobierno no está condicionado a la adopción de determinadas medidas
en consonancia con sus planteamientos ideológicos, sino a la concesión de
prebendas para sus respectivas regiones, lo que termina resultando una
injusticia para las restantes.
En el programa electoral del PP para la
próxima legislatura se propone la reforma de la ley electoral. Pero no parece
que pongan la diana en el sitio adecuado. Claman por un sistema mayoritario,
que sin duda puede convenir a esta formación política, pero desde el punto de
vista del saneamiento democrático del sistema, empeoraría la situación al
primar aún más a los partidos mayoritarios y potenciar mayorías absolutas que
se traducen en gobiernos autocráticos. La solución hay que buscarla en
dirección contraria, adoptando un sistema rigurosamente proporcional.
Ante el discurso del PP han surgido voces
manteniendo tesis opuestas o
mostrando con datos que la actual ley electoral no perjudica al PP ni beneficia
a los partidos nacionalistas. Tomando como
base los votos de los últimos comicios generales,
los de 2004, y simulando un método
estrictamente proporcional, los resultados indican claramente que los beneficiarios del actual sistema son
los dos partidos mayoritarios -el PP y el PSOE, que habrían
obtenido 16 y 15 escaños menos, respectivamente-; los partidos
nacionalistas, con pequeñas variaciones, se quedarían con los escaños actuales,
e IU habría pasado de
Sin duda, este análisis es correcto, pero
podríamos decir que es estático, pues considera un año concreto, en este caso
el 2004, para simular los resultados de un sistema proporcional. Cabe otro
enfoque llamémosle dinámico. Imaginar cuál sería el escenario político después
de aplicar en varios procesos electorales una
proporcionalidad estricta. Quizás el CDS no habría desaparecido, y podría
haberse consolidado alguna que otra formación política que no ha podido nacer.
IU tal vez fuese muy distinta de lo que es en la actualidad, porque en aquellos
años en que llegó a conseguir 21 escaños, con un sistema proporcional se
hubiesen convertido en 50 ó 60, y a un partido con ese número de diputados
difícilmente se le puede anatematizar o condenar al ostracismo. El propio
comportamiento interno de esa formación política no habría sido el mismo y la atracción de apoyos y militantes, mucho
mayor.
Incluso en este nuevo escenario el
funcionamiento interno de todos los partidos tendría que haber sido muy distinto y mucho más
democrático, porque la escisión aparecería como algo posible y no como en la
actualidad, condenada irremisiblemente al fracaso.
Desde esta perspectiva, sí se puede decir
que la actual ley electoral, aunque sea de forma indirecta, beneficia a los
partidos nacionalistas al concederles un protagonismo que no les corresponde y
que desaparecería tan pronto como dejasen de ser las únicas bisagras posibles
en un gobierno minoritario. Es más, podríamos preguntarnos si los partidos
nacionalistas obtendrían hoy igual número de votos si a lo largo de todos estos
años no hubiesen tenido el papel estelar que se les ha concedido.
Los mayores beneficiarios del actual sistema
electoral son los dos grandes partidos mayoritarios (quizás por eso se
mantiene), e indirectamente los partidos nacionalistas, únicos a los que el
sistema permite actuar como bisagra. Los más perjudicados, los ciudadanos, que
ven cómo se estrecha el abanico electoral y las opciones que pueden votar, y la
sociedad en su conjunto que se encuentra condenada a sufrir gobiernos autocráticos
o al chantaje permanente de los nacionalistas.