Gastos fiscales
y faustos papales
El
Gobierno ha reiterado que los faustos papales no han consumido dinero público.
No está nada claro. Pasemos por alto los gastos en que han incurrido las
distintas Administraciones públicas en el evento y fijémonos, sin embargo, en
esa tajante afirmación del ministro de la Presidencia acerca de que las jornadas
no han recibido subvención directa alguna del presupuesto. Jáuregui se fija
solo en una parte del presupuesto, la de los gastos, y olvida la de los
ingresos, es decir, las desgravaciones. Por esta vía, buena parte de lo
aportado por los patrocinadores termina costeándolo el erario público.
El
error cometido por el ministro de la Presidencia es harto frecuente. Cuando los
políticos izan la bandera de la austeridad, todas las miradas se dirigen a los
capítulos de gastos olvidándose de los llamados gastos fiscales. ¿Acaso existe
diferencia entre subvencionar directamente una actividad y permitir la
desgravación en un tributo por el mismo motivo? Solo que esta última forma de
gasto aglutina toda clase de desventajas para la hacienda pública. Al no
figurar de forma explícita en el presupuesto, pasan desapercibidos; una vez
establecidos, no se someten al examen y a la criba anual de la aprobación
presupuestaria; su cuantía es desconocida a priori porque no depende de la
voluntad del Gobierno, sino del uso que decidan hacer los contribuyentes. Por
último, es un nido de fraude ya que su control es casi imposible.
Claro
que, a lo mejor, todos estos defectos son ventajas para algunos y por esa razón
los gastos fiscales se establecen con tanta frecuencia. El Impuesto sobre
Sociedades se ha convertido en un queso gruyère, pasando de un tipo nominal del
30% a uno efectivo del 10%. No obstante, el Ejecutivo, que ha metido las
tijeras en las partidas de gasto más necesarias, se niega radicalmente a tocar
las deducciones y las desgravaciones fiscales de este gravamen. La opacidad lo
permite, porque de lo contrario, ¿qué gobierno se atrevería a explicitar como
subvenciones estas partidas en los presupuestos? ¿El Parlamento se aventuraría
a aprobar en la actualidad una transferencia a favor de bancos y promotoras?
Pues no otra cosa es reducir el IVA de la vivienda nueva del 8 al 4%.