Subvencionar los despidos

Este Gobierno nos tiene acostumbrados al desconcierto. Con frecuencia termina diciendo “Diego”, donde antes dijo “digo”. Desde luego la política aplicada contra la crisis ha sido un ejemplo permanente de estas contradicciones. Al tiempo que ponía en marcha planes fiscales para reactivar la economía, aprobaba y defendía presupuestos austeros. Recorta los créditos para inversión pública de aquellas infraestructuras planificadas, mientras canaliza cuantiosos recursos hacia los Ayuntamientos con la finalidad de que éstos inviertan en obras decididas y ejecutadas improvisadamente sin que nadie mida su rentabilidad y conveniencia.

Con suma rapidez, pasan de defender una política keynesiana a convertirse en los apóstoles de la reducción del déficit público. Por una parte, se oponen a cualquier incremento del gasto público y realizan ajustes sin el necesario análisis en todas las partidas presupuestarias; pero, por otra, aprueban múltiples desgravaciones fiscales, como si la minoración de ingresos no incrementase el déficit público.

El último viraje lo ha dado en el tema de la indemnización por despido. Durante mucho tiempo, el Gobierno ha venido manteniendo que el abaratamiento del despido no tenía efecto sobre la creación de empleo. Afirmaba certeramente que la crisis se había generado en el mercado financiero y no en el mercado laboral, y se negaba a acometer cualquier reforma en esa línea. Sin embargo, incomprensiblemente, en los últimos días ha asumido la tesis de la patronal y presentado en la mesa del diálogo social la propuesta de un nuevo contrato que, se mire como se mire, supone el abaratamiento del despido.

No sólo se intenta generalizar la indemnización de 33 días por año trabajado sino que, además, propone que parte de esa indemnización se satisfaga con dinero público, de manera que el empresario únicamente tenga que desembolsar, aproximadamente, 20 días de salario por año trabajado. Resulta difícil entender cómo —en un momento en que el número de parados se eleva a cuatro millones y en el que se restringen todos los gastos públicos— al Gobierno lo único que se le ocurre subvencionar son los despidos.