Divorcio
a gogó
La Ley del divorcio actual cuenta ya con 25 años de
antigüedad, por lo que resulta razonable su reforma, tanto más en cuanto que
fue una ley tímida, como casi todo en nuestra democracia, surgida en la
Transición, vigilada, a hurtadillas, aprobada casi con mala conciencia. Hay que
ver cómo pusieron al pobre Fernández Ordóñez los herederos del antiguo régimen,
que eran muchos; bueno, como ahora, con la única diferencia de que ahora están
disfrazados. Suscitó todo tipo de críticas y de reacciones en contra: la
Iglesia,
La Ley se
aprobó con todo tipo de salvaguardas y de cortapisas, para que molestase lo
menos posible. Es pues lógico que se reforme, incluso que se hubiese reformado
mucho antes. Tan lógico como el no hacer pasar a los demandantes por dos
procesos consecutivos con el coste que conlleva, y el consiguiente negocio para
abogados y procuradores. Quizás por eso la Ley no se ha cambiado antes. La
justicia en nuestro país es todo menos gratuita. Me lo
decía el otro día un amigo que de divorcios entiende mucho. “¿Sabes por cuánto
sale divorciarse? Un millón de pesetas por cada cónyuge y por cada proceso, el de
separación y el de divorcio”. Y eso, estando los dos de acuerdo.
Parece
también bastante coherente que para separarse no sea preciso contar milongas ni
acusar al contrario de infidelidad, malos tratos, crueldad o cosas por el
estilo. Bien es verdad que la práctica judicial había dejado sin efecto estos
rancios preceptos, porque siempre se podía aducir crueldad mental, que resulta
bastante indemostrable. Todo esto no tiene mucho sentido, desde luego, cuando
ambos cónyuges están de acuerdo, pero incluso tampoco cuando tan sólo sea uno
el que lo desee. A nadie se le puede obligar a convivir con quien no quiere.
Aunque
puestos a ser coherentes, ¿por qué no lo somos del todo? ¿Y por qué no abolimos
de una vez el matrimonio? No nos dejemos asustar por las palabras y
consideremos en serio los hechos. Los detractores del nuevo proyecto han
afirmado que con él todos los matrimonios se trasforman en parejas de hecho; y
un poco de razón tienen, porque si el divorcio resulta automático en cuanto lo
reclama uno de los cónyuges, apenas se da diferencia sustancial con las parejas
de hecho. Pero ¿acaso el derecho tiene algo que decir respecto a las parejas, a
los tríos o a los cuartetos? Vivimos el cenit del liberalismo, hay quien pone
el grito en el cielo en cuanto el Estado interviene en cualquier faceta
económica, pero encuentran de lo más justificado que meta las narices en
nuestra alcoba o en nuestra cama.
El derecho
matrimonial encontraba principalmente su razón de ser en la división del
trabajo que se daba en la familia, del que se deducían relaciones patrimoniales
y económicas que el Estado debía tutelar. La incorporación de la mujer al mundo
laboral, la igualdad entre géneros –tan justamente exigida por las feministas,
pero a menudo repudiada por ellas mismas en cuanto las perjudica, por ejemplo
en el tema de la custodia compartida–, el hecho de que el divorcio se produzca
en cuanto uno de los consortes lo exija, convierten al matrimonio en una
cuestión de dos en la que el juez tiene muy poco que decir. Cosa muy diferente
es el asunto de los hijos, pero en este caso se precisa de un derecho del menor
y no de la familia.
Respecto al
matrimonio, al igual que en otros muchos temas, estamos en medio del camino, y
sufrimos las contradicciones que se producen entre lo nuevo y lo viejo.
Modificamos aspectos que nos parecen absurdos, pero no nos atrevemos a extraer
todas sus conclusiones. El Tribunal Constitucional asentó el principio de la
individualidad en materia de tributación, y sin embargo la unidad económica se
continúa manteniendo a efectos de prestaciones. La pensión de viudedad tenía
toda su lógica en la familia tradicional en la que únicamente solo uno de los
cónyuges trabajaba por cuenta ajena, pero ¿qué sentido tiene cuando los dos
están en el mercado laboral? Muy distinto, desde luego, es el caso de la
pensión de orfandad.
La
vicepresidenta del Gobierno afirmó que si a nadie se le exigen razones para
casarse, ¿por qué se le van a pedir para separarse?.
Parece bastante congruente. Existe únicamente una pequeña diferencia. Para el
matrimonio se precisa el consenso; para la separación, no. Basta tan solo con
la voluntad de uno de los consortes. Lo encuentro razonable con tal de que
fuese el cónyuge que rompe el contrato, si es que de un contrato se trata,
quien asumiera principalmente el coste de
El Gobierno anunció tímidamente que el nuevo
proyecto iba a contemplar la custodia compartida. Gran revuelo entre las
asociaciones feministas. El ministro de Justicia se ha visto obligado a dar
marcha atrás. Sólo en el caso en que ambos cónyuges estén de acuerdo. Para ser
lógico, hubiera debido añadir que en caso contrario la custodia sería para el
que no se opone. Pero me temo que no va a ser ésta