Mentalidad mágica

En este tinglado que se ha montado alrededor del 11-M ha hecho aparición con fuerza la cuestión de la atención a las víctimas. Es posible que la Administración no haya funcionado con tanta diligencia como hubiera sido deseable. Hay que reconocer, sin embargo, que el problema tampoco es sencillo. Supongo que la mayor dificultad radica en identificar adecuadamente a los damnificados. No se puede ignorar que incluso en estas situaciones trágicas la picaresca está presente y siempre hay quien se muestra dispuesto a aprovecharse del dolor ajeno. Como en el juego de las siete y media, los servicios competentes se encuentran en la disyuntiva de quedarse cortos o pasarse, es decir, o bien reconocer como víctima a la que no lo es o bien marear con miles de requisitos a los que ya están bastante abrumados por los acontecimientos traumáticos sufridos.

Nada que objetar, por tanto, a que el Gobierno movilice los medios necesarios para agilizar en lo posible los trámites y prestar ayuda a los afectados. Lo criticable aparece cuando, presa de una mentalidad mágica, se cree o quiere hacer creer que la solución radica en constituir un nuevo órgano administrativo y poner al frente a una persona de renombre. La creación del Alto Comisionado y el nombramiento del Rector de la Carlos III para tal puesto puede ser una medida adecuada de cara a la galería, pero totalmente inútil desde el punto de vista de la eficacia. Tan inútil como lo fue la creación de una figura similar para tratar de solucionar los problemas derivados del hundimiento del Prestige. Curiosamente, tanto el PP como el PSOE cuando están en el poder recurren a idénticas fórmulas. No se entiende, pues, por qué el PP se irrita ahora tanto por el nombramiento de Peces Barba.

De lo que ningún gobierno parece percatarse es de que para implementar su política en cualquier área únicamente dispone de dos instrumentos, el ordenamiento jurídico y la Administración , y me atrevería a decir que en orden de importancia esta última es la primera, porque de nada sirven las normas si después se aplican deficientemente. No obstante, el correcto funcionamiento de la Administración no suele encontrarse entre las prioridades políticas de los gobiernos, y si lo está es en todo caso como mero enunciado teórico pero sin prestar demasiada atención a la gestión del día a día. Por eso cuando los problemas adquieren dimensiones públicas y políticas se acude a soluciones mágicas como la de crear un Alto Comisionado, tan alto, tan alto, que nada va a solucionar.

Quizás la primera condición para que la Administración funcionase sería disolver el Ministerio para las Administraciones Públicas. Aunque suene extraño, el factor que desde hace años más obstaculiza y distorsiona el funcionamiento de la Administración es el control sobre todo el personal que pretende mantener este Ministerio. El excesivo intervencionismo y centralismo, la burocracia y los retrasos en materia de recursos humanos y puestos de trabajo convierte en una carrera de obstáculos la actividad de cualquier servicio administrativo. Ante la escasez de funcionarios y la demora en cubrir las vacantes por traslado, los ministerios acaban por externalizar los servicios, es decir, por contratar hasta las labores más propias de la función pública a empresas privadas. El coste es más elevado, la capacidad de control más reducida y la posibilidad de corrupción más alta. Pero todo sea a mayor gloria del MAP.

Buen ejemplo de lo que venimos afirmando es la creación del Ministerio de la Vivienda. Ejemplo , sí, de mentalidad mágica, porque ingenuamente alguien pensó que un problema tan enorme como éste podría solucionarse con un simple cambio de estructura administrativa; pero ejemplo también de que el MAP puede dejar sin ningún efecto los acuerdos más prioritarios del Gobierno. Nueve meses después de que el Ejecutivo decidiese su creación aún no está elaborada la relación de puestos de trabajo, con lo que malamente se puede nombrar a los funcionarios. Nos encontramos pues ante un ministerio fantasma: una ministra, un decreto y la antigua dirección general que se ocupaba de esta materia en el Ministerio de Fomento.

Habrá que preguntarse por qué a todos los titulares de la función pública les da por innovar en lugar de dedicarse a lograr que su ministerio funcione. Todos quieren descubrir el Mediterráneo o el tipo único del IRPF, que para el caso es lo mismo. Que si una ley de agencias, que si códigos de conducta llenos únicamente de buenas voluntades, que si la evaluación de las políticas públicas... Quizás la primera política pública que habría que evaluar es cómo se puede tardar nueve meses en hacer una relación de puestos de trabajo o un año en convocar un concurso de traslado.