Bancos
zombis
Los gobiernos del
mundo nos están engañando. Nos han dicho que era preciso salvar a los bancos
-lo que podía ser cierto-, pero han terminado por salvar a los banqueros (los
accionistas) y a los administradores, lo que no sólo era innecesario sino
también ilícito.
La aseveración de
que era preciso emplear miles de millones de euros o de dólares de los
contribuyentes en sanear las entidades financieras debería haber obligado a los
mandatarios a adoptar tres decisiones. La primera, pedir disculpas y mostrar
arrepentimiento por haber abdicado de sus funciones y haber desatendido un
sector tan estratégico, dejándolo sin control en manos privadas, sobre todo,
teniendo en cuenta que el desaguisado íbamos a pagarlo después todos los ciudadanos.
La segunda, exigir responsabilidades a los gestores que habían conducido a la
ruina a las entidades financieras y, desde luego, forzar, antes de sacar un
euro de las arcas públicas, que los administradores abandonasen sus puestos y
los accionistas perdiesen su dinero. La tercera, intervenir quirúrgicamente de
modo inmediato, sin prolongar la agonía. Si tan necesario resulta para la
economía sanear el sistema financiero, no se puede permitir la permanencia de
bancos zombis que, con tal de no mostrar sus vergüenzas, están ahogando
financieramente a las empresas y a las familias restringiéndoles el crédito.
Pues bien, las
autoridades españolas no han tomado ninguna de esas tres decisiones. Con
respecto a la primera, lejos de pedir perdón, nos han hecho creer que el
sistema financiero español gozaba de muy buena salud, que su único problema era
de solvencia y que la actuación del Tesoro iba a consistir tan sólo en
préstamos y avales, sin que ello acabase costando un euro al contribuyente. La
Caja de Castilla-La Mancha dejó al descubierto el infundio al demostrar la
necesidad de la ayuda pública. El Gobierno creó el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) con una aportación inicial de 9.000 millones de euros,
ampliables hasta los 99.000 en los años próximos. Cantidad tan fabulosa y
periodo tan dilatado de tiempo indicaban bien a las claras que el mal era mucho
más profundo de lo que se había afirmado.
En cuanto a la
segunda decisión, desde el principio era muy claro que no estábamos dispuestos,
como sí lo estaban algunos de nuestros vecinos, a seguir el camino de la
nacionalización con el cese y la liquidación de administradores y propietarios.
Hasta ahora, las operaciones de rescate que han salido a la luz hacen
referencia a las cajas de ahorro. Estas entidades poseen una naturaleza
jurídica muy especial. No son privadas, pero tampoco públicas. Tienen lo peor
de las dos. Carecen del control de las verdaderas entidades públicas, pero
están sometidas a los intereses provincianos de los políticos de la periferia.
Que sepamos, porque todo se lleva con bastante secretismo, tres son las
operaciones ya realizadas o a punto de finalizar, y que van a necesitar
recursos del FROB, es decir de los contribuyentes: la intervención por el Banco
de España de la Caja de Castilla-La Mancha y dos fusiones, la de Caixa Terrasa con Caixa Sabadell, Caixa Girona y Caixa Manlleu, y la de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y
Caixa Manresa.
Las fusiones son la
forma de ocultar la verdadera realidad de la operación, que una o más cajas de
las fusionadas están pasando por graves dificultades económicas y necesitan la
ayuda del Estado: 750 millones de euros la intervención de la Caja de
Castilla-La Mancha, 500 millones la primera de las fusiones y más de 1.500
millones la segunda. Compárense estas cantidades con la destinada a incrementar
la cobertura del seguro de desempleo, 640 millones de euros, y se verá la
falacia de esa llamada a la solidaridad para subir los impuestos. Esos recursos
no van tanto a gastos sociales como a sanear las entidades financieras.
Siguiendo la lógica
de lo anteriormente señalado, por lo menos se debería haber prescindido de los
ejecutivos y del consejo de administración. Resulta bastante incomprensible que
Narcis Serra continúe al frente de la nueva entidad.
Si el dinero lo pone el Estado, la nueva caja debería pasar a poder del Estado,
y si va a quedar en manos de la Diputación de Barcelona, de Tarragona y de
algunas otras corporaciones catalanas, de manera que puedan seguir dando
subvenciones mutuas a las fundaciones de CiU y del PSC, pues entonces que sean
las diputaciones las que pongan el dinero.
En cuanto a la
tercera decisión, es evidente que las autoridades españolas están retrasando el
saneamiento de las entidades financieras y permitiendo que oculten con diversas
triquiñuelas su verdadera situación. Las agencias de calificación no me dan
ninguna confianza pero lo que Moody´s acaba de
señalar públicamente era un secreto a voces. Con este comportamiento se está
intentando salvar a los administradores y a los accionistas, pero al restringir
consecuentemente el crédito se hace un daño enorme a la economía y se prolonga
aún más la crisis económica. Más valdría que el gobernador del Banco de España
no se preocupase tanto de los problemas del mercado laboral y sí de controlar a
las entidades financieras y no permitir la supervivencia de bancos zombis.