El
banco de España y la banca
Al tiempo que Emilio Botín modifica los
estatutos del BSCH con la finalidad de prolongar su edad de jubilación, la
mayoría de las entidades financieras, entre ellas y quizás encabezándolas el propio
BSCH, prejubila a sus empleados a los cincuenta años. Las prejubilaciones
bancarias caen de lleno dentro del tema de la contabilidad creativa. Un
análisis clásico de economía conduciría sin duda a la conclusión de que no son
rentables para los bancos, tanto más cuanto que el servicio prestado a los
clientes es tan deficiente. Visitar una sucursal bancaria constituye a menudo
una odisea. Pero aquí, el tiempo de los consumidores o clientes nunca se
computa: es gratuito.
El análisis que se realiza a propósito de
las prejubilaciones es otro. Pertenece al ámbito de la economía virtual. El
Banco de España permite a las entidades financieras llevar su coste a reservas,
sin tener que imputarlo a pérdidas y ganancias. Vivimos en un mundo de
apariencias. Lo importante no es la realidad sino la contabilidad, y
contablemente, según la laxa normativa del BE, el coste de las prejubilaciones
no minora los beneficios, lo que viene al pelo a los administradores que pueden
presentar una cuenta de resultados más lustrosa y conseguir así crear valor en
bolsa, que es lo único que les preocupa.
El BE, al ser una entidad pública, no cotiza
en bolsa, pero también le ha dado por las prejubilaciones. Con la excusa de
cerrar la mayoría de las sucursales de provincias, pretende licenciar a todos
los mayores de 55 años. Retirar al personal a esta edad para que siga cobrando
con fondos públicos el sueldo en su casa es un despilfarro de difícil
justificación. Es cierto que con la introducción del euro el BE ha perdido
algunas de sus funciones, en especial las de tipo monetario y de caja,
funciones que si bien se mira habían sufrido ya desde hacía bastantes años
cambios sustanciales y cuya evolución era perfectamente previsible. Tiempo tuvo
para ir remodelando poco a poco su plantilla a la nueva situación, sin traumas
laborales, pero también sin derroches
innecesarios.
Por otra parte, el Banco de España continúa
manteniendo funciones sustanciales y que afectan de manera muy directa a la
mayoría de los ciudadanos, como son la supervisión y la inspección de las
entidades financieras. Y a juzgar por los resultados no ha sido precisamente un
modelo de eficacia en esta materia. No me refiero ya a las recurrentes crisis
bancarias del pasado en las que el BE siempre se enteraba a posteriori, con el
consiguiente coste para el erario público, y que nada nos garantiza que no
puedan volver a repetirse. Ahora me refiero a algo más inmediato, a la defensa
del consumidor frente al oligopolio bancario, en la que la actuación del BE
hasta el momento ha brillado por su ausencia. Le parecerá un tema menor a tan
excelsa institución, pero ese tema menor le está costando muy caro a la gran
mayoría de los españoles.
El llamado capitalismo popular se ha
transformado en una inmensa trampa. Una vez más, la teórica liberación ha
servido tan sólo para crear unos mercados rígidos en los que la casi totalidad
de los clientes, aquellos que no poseen poder económico o influencias, se encuentran en la mayor de las indefensiones.
Comisiones abusivas, cláusulas draconianas en los préstamos, contratos de
adhesión, total falta de transparencia. La mayoría de los ciudadanos se
encuentra a expensas de las grandes entidades y tiene que aceptar pasivamente
sus condiciones, condiciones por otro lado bastante similares en todos ellos,
tanto más cuanto que las fusiones bancarias estrechan más y más el mercado y el
poder de la banca ha impedido el establecimiento de las entidades extranjeras.
Los clientes carecen en muchos casos de los
conocimientos suficientes para entender todas esas jerigonzas y papeleo, y
tampoco disponen de tiempo para estar reclamando todo el día. Son pequeñas
cantidades pero que sumadas terminan engordando la cuenta de resultados de las
entidades financieras. Éstas procuran que la información sea cada día más
deficiente y esotérica, con lo que la reclamación de los clientes se hace
prácticamente imposible.
Y qué decir de los fondos de inversión y de
pensiones. Los fondos de inversión son el gran invento a través del cual los
ahorradores asumen el riesgo; y las decisiones y el manejo de los recursos, las
entidades gestoras dependientes de los bancos. ¿Qué garantía existe de que las
operaciones realizadas se rijan por el beneficio de los partícipes y no por los
intereses de las entidades o de los gestores? Y qué decir de los fondos de
pensiones, subvencionados con dinero público mediante desgravaciones y que se
está convirtiendo en el gran negocio de las entidades financieras. ¿Cuánto
dinero han perdido los partícipes? Ni siquiera los de renta fija dan seguridad
suficiente, al poder invertirse en títulos de empresas extranjeras.
Al BE le sobraría trabajo si se tomase en
serio sus funciones, incluso para mantener todas las sucursales. Obligar a los
clientes bancarios a desplazarse desde su provincia a la capital de la
Comunidad Autónoma para denunciar prácticas irregulares de los bancos es
imposibilitar aún más este tipo de actuaciones. Claro que a lo mejor es lo que
se pretende.