Las
cuotas
En ese magma de confusión en el que nos
movemos de un tiempo a esta parte, defender las cuotas está bien visto,
pertenece al ámbito de lo políticamente correcto; es más, pasa por ser un signo
de progresismo. Incluso se ha denominado ley de la igualdad a lo que no es más
que una norma discriminatoria, porque discriminación supone obligar a que un
candidato tenga que ser preferido a otro, no por su capacidad y su valía, sino
por pertenecer a un género determinado.
Pero la manía de las cuotas va mucho más
allá que la discriminación de género. Últimamente parece que vamos a trocear
las instituciones en función de no se sabe cuántas variables. No sólo es que
haya habido que rizar el rizo para lograr en el Consejo de Ministros la paridad
entre hombres y mujeres, sino que, al menos en algunas carteras, el
nombramiento está condicionado por la región a la que pertenece el candidato.
Sin ir más lejos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por lo visto,
está reservado a los catalanes.
El asunto no es baladí porque los ministros
deberían representar y servir por igual a todos los españoles y, dado el origen
y el motivo del nombramiento de alguno, no resulta disparatado sospechar que su
actuación va a estar sesgada a favor de su Comunidad. A lo largo de estos dos
años, a Montilla más que como un ministro de España se le ha visto como un
embajador de Cataluña en el gobierno central. Y todo apunta a que la situación
se repetirá con Clos.
Claro que peor es inventarse y crear cargos
inútiles o repetidos con la sola intención de solucionar un problema partidista
o de imagen. El PP lo hizo con el asunto del Prestige
creando un comisario para nada. El PSOE le ha imitado a propósito de las
víctimas del terrorismo. En ambos casos, el puesto resultaba innecesario y
vacío de contenido puesto que los respectivos ministerios contaban ya con
estructuras apropiadas para atender el problema si se quería. El tiempo lo ha
demostrado. Ahora es peor: se crea una Secretaría de Estado con el único
objetivo de convertirse en el premio de consolación de una precandidata a
Las cuotas llegan también al presupuesto y a
los dineros. El nuevo Estatuto de Cataluña establece que la inversión pública
en esta Autonomía debe representar sobre el total el mismo porcentaje que su
PIB representa sobre el de España. Ante este estado de cosas, resulta difícil
hablar de solidaridad interterritorial e incluso de Estado.
Una gran parte del gasto público (si
prescindimos de las pensiones, la mayoría) está hoy en manos de las Comunidades
Autónomas, hasta el punto de que, con razón, el secretario general de CCOO ha
hablado de que el Estado se queda raquítico y ha puesto para demostrarlo un
ejemplo bastante ilustrativo: según el proyecto de presupuesto para el año
2007, la partida de educación aumenta el 27%, pero este incremento es tan sólo sobre
los 1.800 millones que maneja el gobierno central, cuando el gasto en toda
España por este concepto se eleva a 40.000 millones. Pero, por lo visto, esto
no basta y ahora se pretende que el escaso gasto público que permanece en la
administración central se asigne no en función de las necesidades sino de la
región o de las Comunidades.
Como era de esperar, las otras Comunidades
no han permanecido calladas. Especialmente las ricas han dicho que ellas no
pueden ser menos y que quieren que se les aplique el mismo sistema que en
Cataluña. Tiene gracia la contestación del vicepresidente económico: “No puede
ser porque no está previsto legalmente”. Pues que se prevea, gritan las
Autonomías damnificadas.
Lo cierto es que el criterio del PIB sólo
beneficia a las Comunidades ricas. Otras, como Andalucía y Castilla-León, se
inclinan, a la hora de repartir la inversión, por los criterios población y
extensión territorial, respectivamente. Cada una escoge el criterio que más le
conviene. Total, que hay que repartir cien y la suma de las cuotas va a ser
ciento cincuenta. El milagro de los panes y los peces.