Unidad
contra el terrorismo
El discurso
político, y no digamos el económico, está jalonado de sofismas. Entre ellos no
es el menor el imperativo de la unidad en la lucha antiterrorista. Todos los charlatanes
públicos no se cansan de repetir su conveniencia, ni de amenazar con las penas
del averno a la formación política que se atreva a romper la tan deseada
unidad.
Tales
peroratas recuerdan otro tópico que circulaba hace años: la cacareada unidad de
la izquierda, con la que se pretendía establecer la obligación de que IU
pactase, cualquiera que fuese la situación, con el PSOE, y se profetizaba que
la opinión pública y los votantes castigarían electoralmente a la formación
política que fuese causante de
Pues bien,
los que entonces propugnaban la unión por la unión y exigían que IU apoyase
incondicionalmente al PSOE son los mismos que ahora propugnan la necesidad de
la unión antiterrorista y un pacto entre todos los partidos democráticos –es
curiosa la facilidad con que se concede este apelativo–, pero sin concreción
alguna. ¿Pacto para qué? ¿Unión en qué?
La llamada
unión en la lucha contra el terrorismo es una proposición vacía, apenas sin
contenido. Si lo que se pretende significar es que todos los partidos deben
condenar la violencia y estar de acuerdo en que se combata a ETA, resulta una
obviedad. En este sentido, ninguna fuerza política de las llamadas
democráticas, incluyendo a las nacionalistas, dejan de apoyar al Gobierno en
tal cometido. Este planteamiento es tan evidente que no necesita ningún pacto
ni acuerdo.
Pero es
posible que cuando se habla de pacto y de acuerdo antiterrorista lo que se
pretenda es un apoyo incondicional al Gobierno, no solo en el fin sino también
en los medios. Esta segunda versión no parece ya tan lógica ni siquiera
conveniente. Es palmario que en los medios, en las formas, en la estrategia, no
tienen por qué coincidir todas las formaciones políticas. Ni el Gobierno, sea
el que sea, goza de infalibilidad, con lo que es muy posible que cometa
errores, y no sería bueno ni positivo que toda la oposición se vea en la
obligación de asumir y respaldar los mismos errores.
Los pactos,
cualquiera que sea la materia, necesitan un contenido. Solo son viables cuando
las formaciones políticas que los suscriben participan de similares
planteamientos. El vigente pacto antiterrorista pudo ser firmado por el PSOE y
por el PP porque se supone que ambos convergían entonces en una serie de puntos
y estaban de acuerdo en aplicar determinadas medidas; pero –con la misma
lógica– los partidos nacionalistas no podían suscribir tal pacto al discrepar
de muchas de las medidas que se adoptaban, y tenían pleno derecho a mostrar sus
diferencias, que de ninguna manera indicaban que no estuviesen a favor de la
lucha antiterrorista.
Del mismo
modo, hay que reconocerle al PP, en los momentos actuales, su derecho a
discrepar de la estrategia que ha seguido o pueda seguir el Gobierno, sin que
por ello se deba poner en duda su intención de apoyar la lucha antiterrorista.
Es más, no parece que sea fácil, antes bien incluso parecería insólito, que el
PP y los partidos nacionalistas pudiesen ponerse de acuerdo en un pacto con
algún contenido que pretendiese ir más allá de la simple condena del terrorismo
y del apoyo genérico a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado para que lo combatan.
No es
lícito, desde luego, identificar nacionalismo con terrorismo, tal como a veces
daba la impresión que el PP hacía en la legislatura pasada, cometiendo así un
error de bulto; pero tampoco se puede olvidar que si en los medios difieren
radicalmente, coinciden sin embargo en los fines, de tal forma que si para los
partidos estatales ciertas pretensiones de los terroristas son concesiones
políticas inaceptables, para las formaciones nacionalistas pueden ser
conquistas y logros marcados en su propio ideario. Una vez más hay que recordar
cómo Arzallus manifestaba, con todo el descaro, que
mientras ellos, los muchachos de la ETA, sacudían el nogal, el PNV recogía las
nueces.
Es por esto
por lo que todo intento de unidad y de pacto colectivo pasa, cuando se quiere
implicar a todos los partidos, por simples generalizaciones sin que, como
ocurre ahora, se pueda avanzar y llenar de aspectos más concretos. Se sabe
perfectamente dónde se encuentra el PP y dónde los partidos nacionalistas.
Hasta la llegada de Zapatero a La Moncloa, también se sabía dónde estaba el
PSOE. Es el Gobierno el que debe definir su postura y acercarse a unos o a
otros. Todas las posiciones son legítimas pero no todas son igual de acertadas,
y es muy posible que antes o después cada una de las formaciones políticas
tenga que dar cuenta a sus electores de la que han tomado.