El
BCE, las cotizaciones sociales y el IVA
Resulta
imposible comentar en el escaso espacio de un artículo el cúmulo de
barrabasadas adoptadas por el Gobierno la semana pasada, seguramente a
instancias de las autoridades europeas. Me limitaré tan solo a uno de los
aspectos, aquel que muestra mejor los sofismas del discurso oficial. Se
pretenden justificar todas estas medidas por el objetivo de reducir el déficit;
pero tal explicación no puede aplicarse a la disminución de las cotizaciones
sociales que va a tener un efecto contrario.
Argumentan
que la bajada de las cotizaciones sociales abaratará la mano de obra y ayudará
a que la economía crezca y se cree empleo. No es el encarecimiento de los
costes laborales lo que está impidiendo la reactivación de la economía, sino el
deterioro del consumo y la demanda que, sin duda, empeorarán con la inminente
subida del IVA. No hay ninguna garantía de que la rebaja de las cotizaciones
sociales facilite las exportaciones, si la misma política se aplica en todos
los países, pero es que en todo caso su efecto será reducido e incapaz de
compensar la contracción de la demanda producida por el incremento del IVA.
La
sustitución por IVA de las cuotas patronales de la seguridad social
constituye únicamente un trasvase de
renta de la mayoría de los ciudadanos, los consumidores, a los empresarios. Su
defensa por el FMI y por el BCE muestra bien a las claras a que se reduce la
llamada tecnocracia, en pura ideología de derechas. Esta medida constituye una
de las más queridas aspiraciones de las organizaciones empresariales y de la
parte más reaccionaria de la sociedad española, que tal vez algo habrán tenido
que ver en las recomendaciones -más bien imposiciones- de las autoridades
europeas y del Fondo. Sería sumamente interesante estudiar las relaciones entre
los tecnócratas de los organismos internacionales y las elites económicas y
tecnócratas de los países que analizan.
Los
planteamientos de la tecnocracia europea, al igual que los del FMI, están
repletos de ideología y de intereses, por eso las recetas de todos ellos no son
meramente técnicas. Así se entiende que Mario Draghi
no se limite a decir que hay que disminuir el déficit público, sino que
mantenga que los países deben perseguir ese objetivo recortando el gasto
público y nunca incrementando los impuestos. En definitiva, por lo que aboga es
por disminuir el tamaño del sector público, lo cual es lícito, pero, eso sí, no
como una necesidad técnica, sino como una opción ideológica, liberal y de
derechas.
Hoy
se proclama que los Estados deben transferir soberanía a Europa. No habría nada
que objetar si se tratase de instituciones democráticas, pero no es el caso. ¿A
quién representa Draghi? ¿Ante quién responde? Desde
luego no ante los ciudadanos europeos. La pretensión antidemocrática de que el
BCE fuese independiente de cualquier poder político ha conducido a que en estos
momentos sean los gobiernos democráticos de los países los que están sometidos
a su tiranía. La normativa comunitaria prohíbe que los Estados den
instrucciones al presidente del BCE. Sin embargo, el problema es más bien el
opuesto, que el señor Draghi se permite no solo
aconsejar sino ordenar lo que deben hacer los gobiernos europeos, prescindiendo
con absoluto desprecio de la opinión de sus sociedades y ciudadanos.
A
través de la Unión Monetaria, el poder económico está consiguiendo una vieja
pretensión: liberar a la economía de la política, al menos de la política
democrática y que las decisiones se tomen al margen de los gobiernos, puestos
que estos sufren las presiones de los ciudadanos. También Alemania está
consiguiendo, en esta ocasión sin armas, un antiguo objetivo, reconstruir el
sacro imperio germánico. Merkel pretende implantar a
través de la moneda el IV Reich.
Uno
de los principales signos de soberanía de los Estados es la facultad de emitir
moneda. Tan es así que ningún liberal, por muy furibundo que sea -excepto Hayek- ha pedido nunca su privatización y liberalización.
Pues bien, los Estados de la Eurozona han cedido esa competencia a una
institución profundamente antidemocrática y sin las contrapartidas y garantías
necesarias. Desde ese momento y en un contexto de libre circulación de
capitales, los gobiernos democráticos han perdido el control de la economía. El
ámbito de decisión se ha trasladado a la burocracia de Bruselas y de Frankfurt,
y a las fuerzas que actúan detrás de estas instituciones. No son tecnócratas,
no. Son ideólogos, políticos, solo que al margen de todo proceso democrático.
No les importa incrementar el déficit, siempre que sea para bajar impuestos al
capital y a los empresarios.