De mudanzas y huelgas

Existe una cosa que se llama pudor y buen hacer democrático. El pudor obliga, por ejemplo, a un gobierno en funciones a tomar exclusivamente decisiones de trámite e inexcusables, lo que, es verdad, no siempre se hace. El pudor debería conducir a que poco antes de unas elecciones generales ningún ministro diese por sentado que va a continuar en el cargo. Primero, por respeto a los electores, nadie puede garantizar que ganará los comicios; y, en segundo lugar, porque aunque sea consideración al futuro presidente del gobierno que debe gozar de toda la autonomía e independencia posibles para formar su propio ejecutivo. Obrar de otra manera es de una pedantería, arrogancia y prepotencia que raya en lo grotesco y en lo ridículo.

Creo que era San Ignacio el que decía “En tiempos de tribulación, no hacer mudanzas”. No sé si estamos en tiempo de tribulación, pero sí de elecciones y en estas circunstancias el señor ministro de Justicia debería haberse abstenido de hacer mudanzas. Lo de menos es si el piso necesitaba o no de arreglo, o si 250.000 euros parece o no una cantidad excesiva para acondicionar una vivienda. Lo importante es que queda menos de un mes para la consulta electoral y el decoro, un mínimo de modestia y respeto democrático deberían conducir a que ningún miembro del ejecutivo suponga que va a seguir en el cargo.

Mientras el ministro hace mudanza, los juzgados permanecen cerrados y, según parece, excepto morirse poca cosa más se puede hacer en estos momentos en la Administración de Justicia del Estado, es decir, en aquellas comunidades a las que aún no se les han transferido las competencias. Nueve mil funcionarios están en huelga. Razón: que quieren equipararse retributivamente con sus homólogos de las administraciones autonómicas. Parece justificado. El único inconveniente es que motivo similar en mayor o menor medida pueden la totalidad de empleados públicos de la Administración Central. En muchos casos, la diferencia retributiva con sus equivalentes de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos resulta escandalosa. La situación es tanto más hiriente cuanto que los mecanismos de reclutamiento en estas administraciones han sido en muchos casos bastante dudosos.

Existe un elemento añadido que viene a agravar la situación, convirtiendo lo que puede ser un caso de desigualdad retributiva en un mecanismo de distorsión funcional. El ministerio de Administraciones Públicas se empeña en mantener la movilidad de personal entre todas las administraciones, lo que genera que el Estado sufra una sangría permanente de recursos humanos, normalmente los mejores, atraídos por unas retribuciones muy superiores en la Administración periférica. Cada vez son más las Comunidades Autónomas que juegan al victimismo reclamando al Estado supuestos déficit mientras asumen gastos superfluos o extraordinarios y retribuyen a sus funcionarios muy por encima de lo que lo hace la Administración Central.

Decía Feuerbach que el hombre se empobrece para tener un dios rico. El Estado lleva mucho tiempo empobreciéndose no sé si para tener unas Comunidades Autónomas ricas, pero, desde luego, sí costosas. Y como los dioses no son todos iguales, tampoco lo son las Comunidades, lo que genera un claro proceso de desigualdad. Estamos empeñados en acentuar la pluralidad, y nos olvidamos del máximo valor constitucional que es la igualdad. La pluralidad está bien en el ámbito cultural y en el de las costumbres, si es que la globalización y las multinacionales nos lo permiten. Resulta un poco irónico pretender remarcar las diferencias entre las regiones españolas cuando vemos que la homogeneidad de costumbres y de hábitos se extiende imparable desde Arkansas hasta China. No hay un lugar en el mundo que esté libre de la Coca-Cola y de su modo de vida. La pluralidad, por el contrario, en ningún caso puede servir de coartada para establecer una desigualdad en los impuestos, en las prestaciones sociales, en el desarrollo económico, en la educación, en la sanidad o en las retribuciones de los funcionarios, que es lo mismo que decir en los servicios públicos.