El abaratamiento del despido

El presidente de la patronal, tras su paréntesis intervencionista, ha vuelto a hacer declaraciones. Ahora, en la línea más liberal, reclamando el abaratamiento del despido. Afirma que, en situaciones excepcionales, se precisan soluciones también excepcionales, y por eso reclama proteccionismo para los mercados financieros y desregulación para el laboral. Es decir, que, en épocas de crisis, el Estado debe cuidar del capital y protegerlo, mientras conviene dejar a su suerte a los trabajadores.

El abaratamiento del despido es un tema recurrente e inacabado, puesto que, por lo visto, nunca tiene fin. Reforma tras reforma, se han ido tomando medidas que han flexibilizado y abaratado el despido, pero jamás se considera bastante. Díaz Ferrán añadió que se trata de situarlo en el nivel de los países de nuestro entorno. Es ya un tópico alegar que en España el despido resulta caro comparado con el de otras economías. Nada más lejos de la realidad. No hay ningún país en el que, como en España, se pueda despedir a la tercera parte de los empleados sin coste alguno, circunstancia que se suele olvidar con demasiada frecuencia. La enorme precariedad del mercado laboral español, en el que solo dos terceras partes de los trabajadores tienen contrato indefinido, concede a los empresarios una capacidad de ajuste en la plantilla que para sí quisieran muchos patrones europeos.

Cuando hablan de 45 días por año de servicio, en realidad se están refiriendo a los contratos indefinidos y al despido improcedente, es decir, a aquel que se realiza sin ninguna causa y únicamente por el capricho del empresario. Si existen razones objetivas, plasmadas en el correspondiente expediente de crisis, la indemnización es sustancialmente inferior.

Resulta bastante difícil entender la afirmación de que el abaratamiento del despido reducirá el paro. Equivale a argumentar que la forma de disminuir el consumo de alcohol es bajando su precio. Con el abaratamiento del despido lo único que se consigue es incentivar el propio despido, al hacerlo más asequible al empresario. Es muy dudoso que en la decisión de contratar a un trabajador tenga una influencia decisiva la indemnización que se le va a tener que pagar en el caso de despedirle dentro de muchos años, que es tan solo cuando su cuantía se hace realmente significativa. Es más probable que sea en la decisión de despedir cuando esta se tenga en consideración.

En la última reforma laboral se abarató el despido con el argumento de que así se reduciría el número de contratos temporales. Nada de eso ha sucedido. Los empleos temporales siguen representando, con pequeños altibajos, la tercera parte del número de trabajadores.

Tiene razón Toni Ferrer, de UGT, cuando afirma que esta crisis no tiene un origen laboral y que, por lo tanto, es improcedente buscar su solución en el mercado de trabajo. Sería irónico que después de una época de auge económico, de la que los trabajadores no se han beneficiado en absoluto, en estos momentos fuesen los grandes paganos de la crisis. Mientras los resultados empresariales se disparaban y las acciones no paraban de subir, los salarios apenas mantenían el poder adquisitivo. Por eso suena a escandaloso proponer ahora que el Estado salga en ayuda de las empresas y que el despido se haga poco menos que gratuito.