El escándalo de Gescartera

El portavoz de Hacienda en el Congreso del PP, Martínez Pujalte, ha afirmado que lo importante en el caso de Gescartera ha sido que en esta ocasión todas las señales de alarma han funcionado correctamente. Pues anda, que si no llegan a funcionar... Porque lo cierto es que el pastel se ha descubierto cuando parece que no hay nada ya que salvar, excepto descubrir lo que ha pasado y hacer que los implicados asuman sus responsabilidades.

Hay, en este caso, demasiados elementos oscuros, y la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ha salido precisamente muy airosa. En 1999 Gescartera fue sancionada con siete millones de pesetas por resistencia a la acción inspectora; y sus apoderados, Camacho y Ruiz de la Serna, con dos y uno respectivamente. No era la primera vez que Antonio Rafael Camacho tenía que vérselas con la CNMV, pues en 1994 esta institución había impuesto una multa de 128 millones de pesetas a la sociedad Bolsa Consulting de la que era administrador, junto con su padre, y en la que, curiosamente, Pilar Jiménez-Reina, ahora presidenta de Gescartera, figuraba como accionista. Pero de manera incomprensible la CNMV no hizo pública la multa, y a pesar del comportamiento poco regular de la sociedad, aprobó en febrero de 2001 su conversión en agencia de valores, lo que le otorgaba funciones de intermediación.

Cada día el agujero se hace mayor. El Ministro de Economía reconoce ya 18 mil millones de pesetas y hay quien dice que puede llegar a los sesenta. De igual modo, los damnificados van surgiendo con cuentagotas, lo que sin duda se explica por el carácter institucional que tienen muchos de ellos, que les hace no desear la publicidad, y también por la sospecha de que al menos parte del dinero invertido es negro.

Lo malo -o lo bueno, depende desde qué ángulo se mire- de los escándalos financieros, es que dejan con las vergüenzas al aire a más de uno. Y no me refiero, lógicamente, a los que han organizado la estafa, sino a otros muchos respetables, que se han dejado querer, o arrastrar por el espejismo de una ganancia fácil. Habría que preguntarse qué pinta una organización benéfica como la ONCE cuyo patronato corresponde al Estado, en un chiringuito financiero de este pelaje. Pero, ahí estaban como inversores tres obispados, la Mutualidad de la policía, los huérfanos de la Guardia Civil, el Secretario de Estado de Hacienda, varias ONGs, y hasta el Ministerio de Defensa.

Alguien tendría que explicar cómo es posible que el servicio de seguridad social de La Armada invierta, en tanto se ingresan en la seguridad social, las retenciones practicadas por el Ministerio de Defensa al personal civil, en el mercado de valores, y más concretamente en sociedades tan problemáticas como Gescartera; y todo ello con la única cobertura legal de una Orden Ministerial de 1976, como si desde entonces no hubiese habido ninguna modificación legal en materia de gestión de recursos públicos.

Con todo, lo más inquietante es la pasividad e ineficacia de ciertas instituciones, comenzando por la CNMV, siguiendo por la Agencia Tributaria y terminando por las empresas auditoras y el ICAC, que tiene la función de controlar a estas últimas. Lo más inquietante es la posible connivencia de políticos y altos cargos. Cuando el jubileo entre sector público y privado es una constante, resulta bastante lógico que se disparen todas las sospechas.