Promesas electorales

Es habitual que en tiempo de elecciones los partidos se sientan generosos y hagan todo tipo de promesas. También lo es que desde los distintos medios de comunicación tal comportamiento se critique y se descalifique tildándolo de electoralista. No comparto por completo tal opinión. Me parece interesante y casi una pauta de higiene democrática que al menos cada equis años los políticos se vean forzados a  dar satisfacción a las demandas populares.

Pero lo que en principio es positivo puede tornarse en pernicioso, cuando las promesas electorales brotan en plan de ocurrencia sin análisis previo o son tan descabelladas que se intuye el propósito de no cumplirlas. A veces gozan de tal generalidad que el compromiso queda casi en nada. En todos estos casos uno se pregunta si la única finalidad no es engañar al personal, y si pasadas las elecciones “si te he visto no me acuerdo”. Constituye casi un lugar común citar la frase un tanto cínica del “viejo profesor” afirmando que las promesas electorales se hacen para no cumplirse.

Desde que en el Debate sobre el estado de la Nación se dio el pistoletazo de salida a la carrera hacia las generales, el PSOE se desenvuelve con total frenesí en una lluvia de promesas electorales. Inició la marcha el mismo Zapatero con una cesta por natalicio de 2.500 euros, que cogió a todos por sorpresa, no solo a la oposición sino a su propio vicepresidente económico. No parece que entre las múltiples necesidades sociales sea ésta la más prioritaria. Como afirmé no hace mucho en un artículo, dudo bastante que tal “aguinaldo” sirva para incentivar la natalidad y, más aún, no parece que esté demostrado que sea conveniente hacerlo.

Más tarde ha venido lo de las casas a gogó de la Junta de Andalucía, ratificado por la flamante nueva ministra de Vivienda y, eso sí, una vez más, con total desconocimiento del vicepresidente económico que es el que, en última instancia, tendrá que proporcionar el dinero. Las autonomías terminan siempre reclamando los recursos a Madrid. En esta ocasión quizás no haga falta, porque la medida, por su generalidad, tiene toda la apariencia de un canto al sol. Por debajo de tres mil euros de renta mensual están más del 90% de los ciudadanos españoles. Y aun cuando se diga que esos ingresos son por familia, ¿cómo se controla la independencia o no a la hora de reclamar una casa?

El problema de la vivienda no se soluciona con leyes, sino con hechos. El compromiso legal hace mucho tiempo que existe para toda España. Se encuentra nada menos que en la propia Constitución. Todo español tiene derecho a una vivienda digna y los poderes públicos evitarán la especulación del suelo. No se necesita por tanto de ningún precepto nuevo. Lo que tienen que decir el gobierno andaluz y el resto de los gobiernos es qué medidas van a tomar para cumplirlo y cuánto dinero ponen encima de la mesa  para financiarlo. Después de más de veinticinco años de gobernar Andalucía no parece admisible que ahora afirmen que mediante una ley van a solucionar el problema de la vivienda. Por otra parte, la promesa carece de concreción. ¿A qué fecha se supone que se habrá facilitado una vivienda a todos los andaluces? La fórmula “café para todos” suele ser la manera que se tiene de no dárselo a nadie.

La última promesa, la última por ahora, proviene del ministro de Sanidad. Se trata de facilitar asistencia gratuita bucodental a todos los niños. Hay que reconocer que esta medida si es concreta y positiva. La incertidumbre surge, sin embargo, al constatar el desconocimiento que el vicepresidente económico tenía de ella, lo que hace sospechar de la carencia de una memoria económica que la respalde y de unas previsiones presupuestarias con las que financiarla. La misma vaguedad de la vicepresidenta, afirmando que el ministro de Sanidad y el de Economía buscarán “fórmulas” (así, en abstracto) para implementar la medida, da idea de la improvisación con que se ha adoptado.

El peligro radica pues en que, si bien es posible que se introduzca la prestación, esta se realice sin incrementar los recursos destinados a sanidad con lo que irá en detrimento de los demás servicios. La historia no es nueva, la universalidad de la asistencia sanitaria se implantó manteniendo casi constantes (en porcentaje del PIB) los recursos destinados a la sanidad, lo que se tradujo en el deterioro de todas las prestaciones.

Es curioso que todas las medidas propuestas vayan dirigidas a la generalidad de la población y no a las clases más necesitadas. Por ejemplo, nadie propone elevar la cobertura del seguro de desempleo, cuando el paro es sin duda la principal de las contingencias y el origen de situaciones de miseria difícilmente reversibles. Por otra parte, las promesas sociales son a duras penas creíbles sin incrementos de presión fiscal, lo que no parece que ningún partido esté dispuesto a defender. Es más, se dice que bajar los impuestos es de izquierdas.

Hasta ahora es el PSOE el que viene manteniendo la lluvia de dádivas. Pero es de esperar que en un plazo muy breve el PP entre en la carrera. Es incluso posible que ya la haya iniciado proponiendo la bajada de impuestos. Ninguna promesa tan tramposa y cínica como esta. La rebaja de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades –que son en los que se suelen concretar las reducciones fiscales– connota pingües beneficios para las clases altas y supone un mal negocio para la mayoría de la población, ya que la escasa disminución impositiva que perciben queda compensada más que con creces con lo que deben de pagar vía precios, por servicios que de otro modo financiaría el sector público. Todo ello es especialmente relevante cuando los estudios comparativos realizados indican que España es el paraíso fiscal de los altos ejecutivos.