Democracia orgánica

El nuevo Gobierno, en ese frenesí renovador con el que ha iniciado su mandato, anuncia que piensa reformar la Ley Electoral y la Constitución. Venerable propósito. Sin duda, existen muchas cosas que cambiar en ambas normas. La desilusión se produce tan pronto como se conocen los contenidos. Toda la reforma de la ley electoral se condensa en incluir la paridad en las listas y en la elección directa de los alcaldes, dos medidas de lo más polémico.

Una cosa es la igualdad de derechos entre los sexos y otra muy distinta la política de cuotas, sistema irracional donde los haya, discriminatorio y que viola precisamente el principio de mérito y capacidad. Me atrevería a decir, además, que humillante para las mujeres. De parida, y no de paridad lo califica una amiga mía y no de derechas precisamente. A las actuales ministras siempre les quedará la duda de si han llegado por sus méritos o por la cuota. Claro que lo del mérito en política se ha hecho bastante relativo. En cualquier caso, allá cada partido con su estrategia y sus demagogias, pero la cosa cambia cuando se pretende imponer esta medida por ley al resto de las formaciones políticas, reduciendo así la libertad y autonomía que debe presidir todo el proceso democrático.

Discriminaciones más graves tiene la ley electoral que en buena medida falsean el sistema democrático. Los votos no tienen el mismo valor dependiendo de su situación geográfica. El reparto de escaños por circunscripciones provinciales y la ley D´Hont, rompen la proporcionalidad haciendo que no exista correspondencia entre el número de votos y la representación parlamentaria. El pluralismo ideológico se ve restringido en el estrecho margen del bipartidismo convirtiendo casi en imposible la existencia de otros partidos, a no ser que éstos sean nacionalistas y concentren sus electores en determinadas regiones. Pero lo cierto es que ninguno de los partidos mayoritarios está interesado en corregir estos temas. Al contrario, la elección directa de alcaldes y la reforma del Senado agravarán el problema acentuando el bipartidismo y la primacía de los nacionalismos.

Se pretende modificar también la Constitución para evitar la discriminación de las mujeres frente a los hombres en la línea sucesoria de la Monarquía. Ahora bien, la verdadera discriminación no radica en el sexo, sino en la propia institución monárquica, la que se da a favor de los Borbones y en contra de los Martínez, Sánchez, Gutiérrez, López, etc.

Por parte de algunos, inocentemente; por parte de otros, no tanto, se pretende sustituir el pluralismo ideológico y político por un pluralismo de género o de regiones. Ya no hay derechas ni izquierdas, al final todos hablan de privatizaciones. Sólo mujeres y hombres, catalanes y andaluces. La lucha de clases se trueca en dialéctica de género y enfrentamiento de nacionalismos. Lo que no sé es por qué perviven los partidos políticos. Sería mejor la democracia orgánica ésa de familia, empresa y municipio.