La eliminación del SMI

El Gobierno, un año más, ha actualizado el salario mínimo interprofesional (SMI) tomando como referencia la inflación prevista, y dado que ésta siempre se fija por debajo de lo que realmente van a subir los precios, también un año más dicho salario perderá poder adquisitivo. Lo del SMI es uno de los aspectos más escandalosos de nuestra mal llamada política social. Desde su establecimiento en 1981 ha perdido el 17% de su valor, y su cuantía actual, 460,50 euros al mes, causa lástima. Exceptuando el de Portugal, es el más bajo de la UE, y no llega a la mitad de los de Holanda, Francia o Bélgica.

El discurso oficial y sus apologetas no se cortan un pelo, y a falta de otras razones pretenden quitar importancia al asunto arguyendo el escaso número de personas a las que afecta, sin ser conscientes de que tal argumento se vuelve en su contra. Es posible que no sean muchos los salarios que se mantienen en esta cuantía y, por el procedimiento de que pierdan poco a poco poder adquisitivo, serán menos cada año. Pero ello lo único que implica es que al SMI se le está privando de toda efectividad, hasta que se le anule por completo, de manera que el mercado, incluso en aquellos sectores en los que el trabajador está más desprotegido, fije salarios por encima del legal.

EL SMI constituye una pieza esencial del Estado social y como tal está reconocido en los convenios de la OIT, en la Carta Social Europea (CSE) y, en nuestro país, en el Estatuto de los Trabajadores (ET). Se fundamenta en la creencia de que los mercados no son perfectos, en especial el mercado laboral en el que la desigualdad a la hora de negociar entre las partes es evidente, y en el que por lo tanto se impone la actuación de los poderes públicos fijando unas condiciones mínimas entre las que se encuentra, en primer lugar, el propio salario. Pero para que tenga eficacia y no quede en mero nominalismo su cuantía tiene que ser adecuada y revisable periódicamente.

El ET es preciso al respecto cuando indica que debe fijarse cada año, previa consulta con los sindicatos, atendiendo al índice de precios al consumo, la productividad, la participación de los salarios en la renta nacional y la evolución de la coyuntura económica. Y llega incluso a imponer una revisión semestral en el caso de que la inflación real se aleje de manera sustancial de la prevista. Nada de esto se está cumpliendo. Lejos de incrementarse, participando del crecimiento económico y del aumento de productividad, se ha reducido en términos reales perdiendo poder adquisitivo; desde 1996, el 4,9%. La CSE cifra como cuantía adecuada el 60% del salario medio. En nuestro país no llega, sin embargo, al 40%. Y eso que nuestros salarios no son especialmente altos.

La escasa cuantía del SMI no sólo perjudica a los que lo cobran sino en general a todos los trabajadores cuyas retribuciones serían mayores si el SMI fuese más elevado. Pero esto es exactamente lo que se pretende cuando se reduce año tras año: que no exista o, si no hay más remedio que mantenerlo porque así lo imponen los convenios de la OIT, que no tenga efectividad y que sea el mercado el que determine el nivel salarial, tan bajo como quiera. Además, el SMI sirve de referencia para muchas ayudas públicas, por lo que su cuantía también incide sobre sus perceptores.

Celebramos con bombo y platillo los veinticinco años de la Constitución. Todos nos vanagloriamos de ser sus mejores paladines, pero lo cierto es que en la práctica se está violando, al transmutar el Estado social por un Estado liberal totalmente ajeno a la letra y al espíritu de nuestra Carta Magna. El SMI es un buen ejemplo.