Socialización de pérdidas

El Gobierno acaba de aprobar por decreto ley (lo de gobernar por decreto ley se ha convertido en una costumbre desde hace bastantes años en España) la cuarta reforma financiera. La ha aprobado el Gobierno, pero al igual que con la nacionalización de Bankia, no es fácil saber quién o quiénes han sido sus artífices. ¿En Europa o en España? Y si en España, ¿el Gobierno o más bien los titulares de los tres grandes bancos?

La última reforma consiste, entre otras medidas, en la creación de múltiples bancos malos con la denominación de “sociedades para la gestión de activos”. El quid de la cuestión radica sin duda en el precio al que las entidades financieras van a transferir los activos tóxicos a dichas sociedades. El decreto ley establece el valor razonable (que es tanto como no decir nada), pero en su ausencia o ante la imposibilidad de determinarlo, que es lo que ocurrirá a menudo, por el valor en libros, lo que en último término remite a la corrección o no de las provisiones realizadas. Al final, importa poco dónde se sitúe el agujero, lo relevante es fijar su cuantía y, sobre todo, quién es el que tiene que poner el dinero, y ahí me temo que todas las respuestas apuntan al sector público, es decir, a los contribuyentes, bien sea directamente prestando a los bancos para que cubran las provisiones, bien sea participando en las sociedades de gestión de activos.

El que la transferencia de los recursos se instrumente mediante créditos no cambia sustancialmente el tema, ya que, como hemos visto en el caso de Bankia, los préstamos terminan siendo aportaciones cuando no se pueden devolver. Estamos una vez más en un proceso de socialización de pérdidas, lo que viene siendo frecuente en el sector financiero. Con el argumento de que no se puede dejar quebrar a los bancos porque se pondría en peligro toda la economía nacional, ese Tesoro Público, tan exhausto, que malpaga a sus empleados y que acomete continuos recortes en pensiones, sanidad o educación, se ve en la necesidad de destinar cada cierto tiempo una cantidad ingente de dinero a las entidades financieras.

La pregunta surge de forma espontánea. Si el riesgo en la actividad bancaria recae siempre sobre los contribuyentes y no sobre los banqueros, ¿están justificados los cuantiosos beneficios y las retribuciones escandalosas de los ejecutivos bancarios? ¿No deberían limitarse? ¿Se puede afirmar que se trata de un asunto privado? El interrogante no se dirige exclusivamente a las entidades que van a necesitar ayuda pública, sino también al resto, que de todas formas actúan y obtienen beneficios libres de todo riesgo porque saben que, en última instancia, el Estado responde. Es más, antes de socializar las pérdidas entre todos los españoles ¿no deberían socializarse entre el sector bancario, haciendo que fuese el Fondo de garantía de depósitos el que asumiese el quebranto y, en caso de insuficiencia de este, obligar a las entidades financieras con beneficios a dotarlo en la cuantía precisa? En cualquier caso, lo que sería inaceptable es que después de haber socializado las pérdidas se privatizasen las ganancias, esto es, que los bancos o cajas nacionalizadas retornasen una vez saneados al sector privado.

Desde el momento en que la buena o mala marcha de la economía dependen del sistema financiero y desde que el sector público debe socorrerlos en tiempos de crisis, no se puede hablar de asunto privado. El Estado no puede permanecer al margen; en primer lugar, para controlar su actividad y, en segundo lugar, mediante una banca pública que sirva de contrapeso. CiU y el PNV se han quejado de la nacionalización de Bankia, preguntándose qué habría ocurrido en el caso de que hubiera estado La Caixa en la misma situación. Tienen razón. Para que nadie tenga celos se deberían nacionalizar todas las cajas.