Ajustes, ¿por
qué?
El déficit
público de España tiene una sola causa, la crisis económica, que, por una
parte, ha elevado el gasto público a través del aumento del seguro de desempleo
y de los planes de estímulo orientados a evitar la recesión, y, por otra, ha
ocasionado el derrumbe de la recaudación impositiva como resultado directo,
ciertamente, de la caída de la actividad, pero también –y quizás en mayor medida– de la extensión del fraude. El retraso en la
reforma del sistema financiero, la escasez de crédito y el estrangulamiento de
la liquidez de las empresas ha llevado a éstas, como primera medida, a dejar de
ingresar los impuestos en Hacienda. La forma de lograr la estabilidad
presupuestaria no radica, por tanto, en introducir ajustes desmedidos, que
serán contraproducentes, sino en conseguir la recuperación de la economía.
El elevado
déficit público actual es perfectamente asumible a corto plazo, siempre que en
unos cuantos años se logre retornar a tasas de crecimiento aceptables.
Disponemos de margen, dado que nuestro stock de deuda pública es de los más
reducidos de la OCDE, e incluso menor del que hemos tenido en otras ocasiones.
Nadie en su sano juicio, al margen de movimientos especulativos, puede pensar
que España no va a poder hacer frente a su deuda publica. Por otra parte, en
estos momentos de cuasi recesión, no parecen servibles esos argumentos acerca
de la supuesta malignidad del déficit público, tales como que es inflacionario
o que expulsa a la iniciativa privada.
¿Dónde buscar,
por tanto, los motivos del ajuste? En primer lugar, en los intereses económicos
y financieros representados por las agencias de rating
y por eso que llamamos “mercados” que, tan pronto han solucionado sus problemas
y una vez desaparecida toda amenaza de control, han vuelto a las andadas y
pretenden, como siempre y en este caso parece que lo están consiguiendo,
denigrar y depauperar lo público. En segundo lugar, en las incoherencias de