La reforma verdaderamente necesaria

Al comienzo de la crisis, el Gobierno, el Banco de España y los voceros de lo económicamente correcto se apresuraron a remarcar la buena salud del sistema financiero español, en contraposición a las dificultades por las que atravesaban los bancos de otras latitudes. Se añadía además que el mérito principal se encontraba en el buen hacer del Banco de España, que había mantenido una política de provisiones anticíclicas que eran la envidia de otros muchos países.

Esta visión tan idílica no cuadraba con los datos que ofrecía la realidad. Es cierto que nuestros bancos no estaban infectados por las hipotecas subprime, tal como otros bancos europeos. La razón era evidente. Nuestras entidades financieras no habían salido a los mercados internacionales a invertir sino a endeudarse. Pero era precisamente este endeudamiento exterior el que les colocaba en una situación crítica puesto que su contrapartida eran préstamos interiores a las familias y a las empresas, concedidos no siempre con todas las garantías debidas. La burbuja inmobiliaria era la señal inequívoca de que nuestra banca, aunque no se había contaminado de las subprime americanas, sí tenía sus propias hipotecas y créditos basura. La escasez en el crédito concedido desde que comenzó la crisis lo ratifica.

Desde el principio de los años noventa, y tras cuatro devaluaciones, la economía española entró en una etapa de expansión que se fue acentuando con la incorporación a la Unión Monetaria. En buena medida, el crecimiento económico que se creo fue un crecimiento a crédito que mantuvo un fuerte nivel de consumo y originó una enorme burbuja inmobiliaria y también, aunque en menor cuantía, bursátil. La balanza por cuenta corriente era suficientemente expresiva de la situación. En el año 2000 el déficit ascendía ya al 4,1 por ciento del PIB; en 2004, al 6 por ciento y en 2007 al 10 por ciento.

A lo largo de todos estos años los diferentes gobiernos, lejos de tomar las medidas adecuadas para solucionar tales desequilibrios, se mostraron claramente satisfechos de la marcha de la economía. El Banco de España tampoco supo encarar el problema. Si bien alguna vez desde el Servicio de Estudios se alertó sobre la burbuja inmobiliaria, tal anuncio aparecía más como un mero análisis teórico que afectaba al sector de la vivienda, sin que la entidad se sintiese interpelada ni tomara conciencia de que el origen del problema se encontraba en las entidades financieras y en sus propios mecanismos de control. Acordar un incremento en las previsiones no era suficiente. Se deberían haber vigilado las inversiones e impedido determinadas operaciones enormemente arriesgadas.

A su vez, la mayoría de los economistas -al menos los oficiales- tampoco se preocuparon de la situación creada; es más, llegaron a realizarse afirmaciones tan incomprensibles como las de asegurar que los ciclos económicos habían terminado o que los déficits de la balanza de pagos perdían importancia dentro de la Unión Monetaria.

Todas estas actuaciones han sido sin duda deplorables, comenzando por la de los bancos que, llevados de una enorme codicia, se obnubilaron y perdieron toda prudencia, asumiendo mucho más riesgo del conveniente. Pero, más grave que todas ellas ha sido la postura de desconcierto y de cambios continuos acerca de la solvencia de las entidades financieras que desde el primer momento asumieron tanto el Gobierno como el Banco de España. Mientras la mayoría de los países encararon desde el principio el problema e intentaron sanear sus entidades financieras, el Gobierno español se dedicó a negar la realidad y sólo a trompicones, a contracorriente ha ido reconociendo las dificultades de las entidades españolas. Periódicamente tuvo que desdecirse y reconocer que el agujero era mayor del que había anunciado meses atrás.

No es de extrañar que tanto las agencias de rating como los inversores desconfíen y no acepten las cifras facilitadas. La última aportada por el Banco de España es poco creíble porque no va directamente al centro del problema: 15.152 millones es tan sólo la cifra que necesitan para cubrir un porcentaje de capital, fijado discrecionalmente por el Gobierno, un 8 por ciento los bancos y un 10 por ciento las cajas. Pero el verdadero déficit a cubrir es tal vez mucho mayor, está en el activo, en la exposición al ladrillo y en las partidas sobrevaloradas y cuya realización, al menos por el momento, resulta inviable. Y es muy posible que estas insolvencias afecten, en contra de lo que se dice, de manera parecida a los bancos que a las cajas. Todos son depositarios de créditos basura, porque quizá ninguna de las entidades se ha visto libre por completo de comportamientos irregulares e imprudentes en el pasado. La única diferencia radica quizá en que los bancos cuentan con más mecanismos para defenderse, en especial los que tienen fuerte implantación en el extranjero y han podido compensar con pingües beneficios exteriores los quebrantos interiores.

La mayor paradoja radica en que la reforma más necesaria para salir de la crisis, la del sistema financiero, continúa después de tres años sin llevarse a cabo y, sin embargo, nos hemos apresurado a emprender todo tipo de reformas regresivas y antisociales que tienen muy poco que ver con la reactivación económica.