Salvar
a la banca
El vicepresidente
segundo y ministro de Economía y Hacienda ha manifestado que habrá dinero
público para salvar a la banca. No creo yo que haya que proteger a las
entidades financieras, y mucho menos a sus ejecutivos. Si hay que defender a
alguien es a los depositantes y a las empresas viables. En esta crisis, se
comenzó ponderando la buena salud de nuestros bancos y la muy eficaz labor del
controlador, el Banco de España, y se
esta terminado -aunque el final está aún muy lejos- por afirmar que con toda
posibilidad será preciso sanear bastantes entidades financieras.
Como
he escrito alguna que otra vez, en todo esto existe una trampa. Es verdad que
nuestros bancos no se han contaminado de la basura financiera que provenía de
EEUU. Razón: que acudían a los mercados financieros no para comprar activos,
sino para endeudarse. Sin embargo, ese endeudamiento exterior correspondía a
una contrapartida interior, créditos a las empresas y a las familias concedidos en muchas ocasiones con demasiada alegría y en la
mayoría de los casos sobre supuestos falsos, la creencia de que la euforia
económica iba a durar siempre y que la revaloración continua de los activos se
iba a mantener.
Según
aumenta la crisis, el riesgo de insolvencia también se incrementa. Quiebra de
promotores, dificultades de las empresas, paro en las familias, la propia
conducta de la banca restringiendo el crédito, todo ello colabora de forma
activa a incrementar la cartera de insolventes y a poner en dificultades sus
propios balances. No es extraño, por ello, que de forma progresiva vayan
emergiendo instituciones financieras en dificultades y necesitadas de
recapitalización. La cuestión que se plantea es qué hacer al respecto y cuál
debe ser la respuesta adecuada del Gobierno.
Las
actuaciones instrumentadas hasta ahora no parecen las más apropiadas. En todo
caso, sólo han podido solucionar puntual y temporalmente el problema de la
liquidez de algunas entidades financieras, pero en ningún caso el de la posible
insolvencia. Lo que no sería justo, ni siquiera eficaz, es que la concesión de
dinero público fuera gratuita. Por eso, no vale la fórmula de crear un banco
malo, ni la de endosar al Fondo de Garantía de Depósitos los activos tóxicos.
No se puede repetir la estafa que para todos los españoles representó las
recetas aplicadas en la crisis bancaria pasada, en la que con recursos públicos
se sanearon los bancos en dificultades para devolverlos a continuación al
sector privado. Los contribuyentes pagan y los de siempre salen más ricos de la
crisis.
La
operación diseñada para Unicaja y Caja de Castilla-La
Mancha deja mucho que desear y plantea la sospecha de que el procedimiento que
se va a seguir en el futuro va a ir en la mala dirección. La fusión entre ambas
cajas es tan sólo una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de
la operación, enchufar dinero del Fondo de Garantía de Depósitos. Solbes afirma
que son recursos privados. Según y cómo. Es verdad que este fondo está dotado
por las aportaciones de las distintas entidades financieras, pero en realidad
constituye un seguro costeado por los clientes vía precio a cambio de
asegurarles sus depósitos. Su cuantía es limitada -en la actualidad 7.200
millones de euros. La utilización de esos recursos para salvar a entidades
financieras que no lo merecen y tapar las vergüenzas de sus gestores puede
poner en peligro la garantía futura de otros depositantes o forzar al Estado a
que aporte dinero. El vicepresidente económico parece contemplar ya esta última
posibilidad.
Paul
Krugman, en el suplemento económico Negocios de El País, del pasado 8 de
marzo, criticaba el plan de salvamento de las entidades financieras proyectado
por la administración Obama en términos parecidos, y acababa el artículo
afirmando que temía que los representantes gubernamentales no quisieran
afrontar los hechos y que siguieran considerando impensable una nacionalización
aunque fuese temporal.
La inercia
ideológica es tan fuerte, los intereses económicos tan poderosos y el
pensamiento neoliberal tan enraizado, que tanto en EEUU como en España nos
negamos a asumir que la solución adecuada vendrá por la nacionalización de
aquellas entidades financieras zombis o
que sean inviables sin ayudas públicas. En el caso de España, habría que hablar
de estatalización puesto que las
cajas de ahorro tendrían que pasar a poder del Estado, librándolas de la tutela
de las Comunidades Autónomas y de los gestores nombrados por el politiqueo
provinciano autonómico. Solbes afirma que las cajas de ahorro son entidades
privadas. Pues bien, si son insolventes, nacionalicémoslas, pero, eso sí, para
dotarlas de todos los controles que tienen las entidades públicas.