Los tres tenores y otras viejas glorias

Las viejas glorias han salido a la palestra: Aznar, González, Boyer, Solchaga, Solbes; todos ellos dispuestos a repetir la cantinela que nos ha conducido a la situación actual. Si algo debiéramos tener en cuenta, es la no coincidencia entre los ciclos políticos y los económicos. Es frecuente que determinados gobiernos sufran las consecuencias, positivas o negativas, de medidas adoptadas por otros gobiernos.

Zapatero es, sin duda, culpable de la actual crisis, de no darse cuenta en el año 2004 de los desequilibrios producidos y de los peligros que acechaban a la economía española, de asumir bobaliconamente una política económica continuista, pero sobre todo de su ceguera para percatarse de la crisis cuando ya estaba encima y de su reacción tardía y a bandazos, dejándose llevar, y sin ninguna resistencia, por la presión internacional. Ahora bien, Zapatero no es el único culpable.

La historia viene de muy lejos, al menos de la aprobación del Tratado de Maastricht y de la empalagosa postura de nuestros gobernantes al aceptar sin réplica todo lo que viniese de Europa. España ingresó en la Unión Monetaria bajo unos supuestos falsos, inadmisibles, porque antes o después iban a perjudicar gravemente nuestra economía, beneficiando exclusivamente a Alemania. El euro ha permitido la burbuja económica y financiera que ha enriquecido de manera evidente a una minoría, mientras va a perjudicar a la mayoría de los trabajadores. De aquellos polvos han venido estos lodos. Las culpas deben repartirse entre González, Aznar y Zapatero y sus correspondientes ministros de Economía.

Esta crisis ha provocado un enorme déficit público, cuyo origen se encuentra principalmente en la abultada caída de la recaudación, fruto del desmantelamiento de la Hacienda Pública provocado tanto por las diversas reformas fiscales acometidas en el pasado como por el debilitamiento de la Administración tributaria y de la normativa represiva del fraude. Al terminar la época de bonanza, el sistema fiscal ha sido incapaz de mantener los ingresos en unos niveles mínimamente aceptables. No obstante, se decía que bajar los impuestos es de izquierdas y, además, que las rebajas impositivas iban a incrementar la recaudación.

La recesión económica en España se ha trasladado al mercado laboral de forma más intensa y más rápida que en los demás países. La causa de este fenómeno hay que buscarla en la ingente precariedad en el empleo ocasionada por las distintas reformas laborales del pasado. Desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, no ha dejado de escucharse la misma monserga: la necesidad de reformar el mercado laboral, propiciar la contratación temporal y abaratar el despido. La excusa, siempre la misma, incentivar la creación de puestos de trabajo, pero lo cierto es que el empleo sólo se crea cuando existe demanda y para lo único que han servido las reformas laborales ha sido para que en las épocas de prosperidad el empleo generado fuese de baja calidad y para que en las épocas de crisis la destrucción de puestos de trabajo se esté produciendo a un ritmo mucho mayor que en cualquier otro país.

Lo paradójico, por no decir lo cínico, es que ahora, con el objetivo de abaratar aun más el despido, se argumente a base de destacar los efectos nocivos de mantener esa dualidad en el mercado de trabajo y que quienes así razonan sean precisamente los que en otras épocas crearon la precariedad. Si no fuera porque estamos ya curados de espanto, no saldríamos de nuestro asombro al escuchar a Felipe González hablar de lo perniciosa que resulta la temporalidad en el empleo; él, que ha sido el principal artífice de la desregulación del mercado laboral y que estableció toda clase de contratos precarios. Y qué decir de los tres tenores que desde la Universidad Menéndez Pelayo han comparecido al unísono para entonar la milonga de que no encuentran razones para la huelga general.

Y, hablando de cinismo cuesta escuchar al presidente del Banco Santander defender el abaratamiento del despido cuando hace algunos años no tuvo reparo en utilizar varios miles de millones de pesetas de los recursos del banco para despedir a dos altos ejecutivos que le podían disputar la presidencia de la entidad financiera. Sería interesante que todos los que reclaman la reforma laboral y el abaratamiento del despido declarasen previamente los blindajes que aparecen en sus contratos: banqueros, empresarios, altos ejecutivos y políticos retirados y en activo. Recordemos tan sólo que los ministros y los secretarios de Estado, cuando cesan en sus cargos, reciben dos anualidades de su sueldo compatibles con cualquier otra retribución, y que, sin embargo, estas cantidades parecerán con toda seguridad baratijas comparadas con otras indemnizaciones que se cobran en el sector privado.