Los
precios en el 2005
El índice de precios
al consumo ha cerrado el año con un incremento del 3,7%, cifra que parece dejar
muy tranquilo al secretario de Estado de Economía, quien no considera
preocupante la evolución de la inflación y atribuye al encarecimiento del
petróleo la desviación de precios del 2005.
El secretario de Estado podría tener razón
si se considerase tan sólo el valor absoluto de la
inflación. Una tasa del 3,7% no es desde luego alarmante, pero
la cosa cambia si hay que compararla con la de otros países, lo que resulta
obligado desde el momento en que pertenecemos a la
Unión Monetaria. Desde el instante en que el
tipo de cambio permanece fijo y las devaluaciones no son posibles, el
diferencial de inflación con otros países que tienen la misma moneda es lo que
realmente importa, ya que un diferencial positivo que se va acumulando año tras
año hace perder competitividad e influye negativamente en el saldo exterior y,
por ende, en el crecimiento.
La elevación del precio del petróleo puede
explicar y servir de excusa para una elevada cifra de inflación, pero
difícilmente puede justificar que nuestros precios se hayan incrementado más
que los de otros países tan deficitarios en carburantes como el nuestro.
Durante 2005, el IPC español ha crecido un
punto y medio más que la media de la
Unión Europea. En realidad, esta situación se
ha hecho crónica. Desde que se incorporó al euro, nuestro país ha venido
manteniendo una tasa de inflación superior a la media del resto de países de la
Unión Monetaria , lo que ha tenido
que influir en el enorme déficit que presenta la balanza comercial española.
Si tuviésemos que graduar los motivos de
preocupación de la coyuntura económica, no cabe duda de que lo anteriormente
expuesto ocuparía un puesto de honor, por lo que se entiende mal la
tranquilidad con que el Gobierno acoge la
noticia. Tampoco se entiende que el señor Arias Cañete, a la
hora de juzgar la tasa de inflación y de enumerar sus consecuencias negativas,
se centre fundamentalmente en el impacto sobre el empresariado y en las
cláusulas de revisión salarial. El portavoz del Partido Popular no es demasiado
original, ya que en el mismo error caen la mayoría de los diarios y de los
medios de comunicación. Todos ellos se lamentan del mayor coste que para las
empresas tiene la desviación en la inflación anual. Más de 2.000 millones de
euros según algunos. Olvidan que si ahora tienen que desembolsar esta cantidad
es porque antes la han recaudado mediante una elevación mayor de los precios.
Las cláusulas de revisión salarial lo único
que persiguen es mantener la neutralidad de las remuneraciones de los
trabajadores en el reparto de la
renta. La inflación, en primera instancia, representa un mayor
ingreso monetario para los empresarios y para el Estado, y sólo posteriormente
se compensa en parte a los otros agentes, asalariados y pensionistas, mediante
las cláusulas de revisión salarial y de actualización de las pensiones. La
compensación no es completa pues dicha cláusula no afecta a todos los convenios
–parece ser que únicamente a tres cuartas partes– y tampoco a los funcionarios.
Este aspecto de que los precios los fijan
las empresas y que por tanto son ellas las máximas responsables de esas subidas
se olvida con demasiada frecuencia. No obstante, carece de sentido el
llamamiento a su ecuanimidad y rectitud. La conducta de las empresas está
marcada por el lucro y el beneficio. Son las Administraciones Públicas las que
tienen que crear las condiciones para que las posturas abusivas no puedan darse
en los mercados. La desregulación de éstos y las privatizaciones, lejos de
generar competencia, los han abandonado a la vorágine y a la
rapiña. Sectores como el del gas, la electricidad, los
carburantes, las comunicaciones, etcétera, funcionan como oligopolios. La subida
abusiva de precios parece entonces la lógica consecuencia.