España invertebrada

Por si no había suficiente jaleo con las Autonomías, surge ahora el problema de los Ayuntamientos. También ambicionan un mayor trozo de pastel, pero el pastel es limitado, incluso cada vez más pequeño si continúa el proceso demagógico de reducir los tributos. Por una parte, están aún pendientes de compensación los recursos perdidos por los municipios al haber suprimido el anterior Gobierno del PP el gravamen sobre las actividades económicas para la gran mayoría de las empresas. Es lo que ocurre cuando se elimina un impuesto, que de alguna otra fuente hay que sacar el dinero. Me temo que en este caso sea del IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Es decir, que los paganos por haber bajado el gravamen a los empresarios vamos a ser todos los ciudadanos, que tendremos que afrontar una contribución mayor por nuestra vivienda.

Por otra parte, está la demanda que los Ayuntamientos vienen haciendo acerca de una mayor descentralización. Aducen que ejercen competencias que no les corresponden, y exigen financiación para mantenerlas. Aquí comienza ya el galimatías. Porque, según parece, los municipios prestan servicios que no les competen y sin embargo a quienes les competen, Comunidades y Estado, no los prestan. ¿No sería más sencillo que cada uno hiciese lo que le corresponde legalmente? En cualquier caso, la redistribución de competencias, de hacerse, no debería obedecer a criterios de facto, una especie de usucapión competencial -yo las ejerzo, me las quedo y que me las financien-, sino a una distribución racional y lógica.

No parece lo más razonable que las competencias en materia de servicios y prestaciones sociales sean municipales. Existen en España 8.000 Ayuntamientos, de los cuales 6.905 tienen menos de 5.000 habitantes y sólo 57 sobrepasan los 100.000. La heterogeneidad es total. ¿Qué tienen que ver los Ayuntamientos de Madrid o Barcelona con el de un pueblecito de 200 habitantes? Las transferencias a las Comunidades Autónomas están introduciendo ya suficiente disparidad en los derechos sociales, y más que van a causar en el futuro, para que ahora las diferencias dependan también del término municipal en que uno resida. El argumento de que la Administración Local se encuentra más cerca de los ciudadanos no es convincente. Precisamente esa misma proximidad incrementa en muchos casos el riesgo de venalidad o de sectarismo. No es ningún secreto que son las haciendas municipales las más proclives al despilfarro, a la falta de control, al amiguismo e incluso a la corrupción.