Cataluña y el Tribunal Constitucional

La distorsión ideológica que envuelve todo lo referente a la política territorial fuerza a que aceptemos como normal un proceder que en cualquier otra ocasión contemplaríamos con enorme escándalo: la presión que se está ejerciendo sobre la justicia para que dictamine de acuerdo con determinados intereses. Me refiero a lo que viene ocurriendo con el Tribunal Constitucional y el Estatuto de Cataluña.

Estos días se están escuchando los mayores exabruptos por parte de los políticos catalanes. Hasta el PSC, que no es más que la prolongación del PSOE en Cataluña, se suma a las presiones y a los desatinos. Existe un latiguillo que repiten todos: el Estatuto es un pacto político entre España y Cataluña, ratificado por las Cortes y el referéndum de los catalanes.

El discurso nacionalista se fundamenta siempre en el mismo error, en partir de lo que les gustaría que fuera, pero que, por el momento, no es y no ha sido nunca. Consideran a Cataluña y a España en el mismo nivel como dos naciones soberanas que se hablan de igual a igual y que firman pactos políticos que tienen que ser respetados. Pero la realidad es muy otra. Únicamente existe una soberanía, la del Estado español, y Cataluña es tan sólo una parte de ese Estado, todo lo principal y con las peculiaridades que se quiera (todas las tienen), pero nada más que una parte. Aquí sólo hay un pacto: el constitucional que se realizó por todos los españoles hace treinta años. La Constitución no convence por completo a nadie, pero precisamente por eso es un pacto, porque todos hemos tenido que ceder. Algunos, por ejemplo, preferiríamos un Estado como el francés, republicano y sin autonomías.

Lo cierto es que cualquier otro elemento político adquiere validez y se legitima exclusivamente por la Constitución. La Generalitat, su presidente y el Parlamento catalán existen por y gracias a la Constitución y, gracias a la Constitución, Cataluña tiene un estatuto de autonomía, estatuto que precisamente por eso no puede desbordar los límites constitucionales. Algunos pensamos que los ha desbordado ampliamente no sólo por lo de nación y lo de la lengua –que parece que es lo que en estos momentos se encuentra en el centro de la polémica–, sino por la situación de privilegio económico que se consolida para Cataluña, totalmente incompatible con el principio de igualdad que subyace en el origen de la carta magna.

No es que la voluntad del Tribunal Constitucional se sobreponga a la de las Cortes y a la del Parlamento catalán. El Tribunal simplemente dictamina si, en esta ocasión, el PSOE, el PSC, Convergencia y todos los otros partidos que han elaborado el Estatuto no han ido demasiado lejos y han querido modificar la Constitución por la puerta de atrás. Resulta difícil comprender cómo se atreven a hablar de referéndum y de la voluntad de los catalanes, cuando el Estatuto apenas recibió la aquiescencia del 35% de los que tenían derecho a votar. Más del 50% ni tan siquiera acudió a las urnas.

Por desgracia, una vez más, se corre el peligro de que el chantaje de los políticos catalanes tenga éxito. Que se coaccione a los magistrados y se termine aceptando como constitucional lo que no lo es.