La
sanidad y las autonomías
La Generalitat catalana ha elevado el gravamen
fiscal sobre la gasolina en 2,4 céntimos de euro por litro. Continúa así la
senda de Madrid y de algunas otras Comunidades Autónomas que habían implantado
esta medida previamente. La historia viene de atrás, hunde sus raíces en la
política fiscal y autonómica seguida por el gobierno central del PP.
Toda rebaja fiscal, al igual que cualquier
incremento del gasto público, tiene un coste, y es absurdo que se nos pretenda
convencer de que no hay más que ganancia, ocultando las contrapartidas. Los
gobiernos de Aznar han practicado una política fiscal muy beneficiosa para las
rentas de capital, las empresas y los contribuyentes de ingresos elevados. Las
rebajas en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades han tenido por fuerza su
contrapartida: la reducción de varios puntos en el porcentaje del PIB que se
destina a gastos sociales.
El
deterioro de la sanidad pública se intentó ocultar cediendo la competencia a
las Comunidades Autónomas, pero fue imposible no reconocer que las
transferencias se realizaban con déficit y que para paliar éste se acudía a los
impuestos indirectos, mediante la elevación del gravamen sobre los
hidrocarburos. Parte de la subida se acometió de forma inmediata por el
gobierno central (2,4 céntimos de euro por litro), y la otra parte se dejó al
arbitrio de cada Comunidad Autónoma para lo que se les autorizaba a incrementar
el gravamen en la misma cuantía, invocando el tópico de la corresponsabilidad fiscal.
El gobierno autonómico que aspire a ofrecer una mejor sanidad, se decía, deberá
arrostrar el coste de elevar los impuestos.
El descaro era mayúsculo sin duda porque no sólo se
reducía la tributación directa y a cambio se incrementaba la indirecta -mucho más regresiva-, sino que además el Gobierno central se apuntó el
tanto de lo primero, y obligó a las administraciones autonómicas -con el fin de poder mantener la sanidad pública- a que asumieran el coste político de lo segundo. Lo
extraño, sin embargo, es que todas acabaron aceptando. Hay que pensar que
muchas de ellas, las gobernadas por el PP, lo hicieron por seguir las
indicaciones de su partido y, en los demás casos, quizá la explicación se
encuentre en que el ansia de los mandatarios autonómicos por acumular
competencias es tan grande que están dispuestos a recibirlas de cualquier forma.
Lo cierto es que con el último acuerdo de
financiación autonómica se ha dado un paso más en la desvertebración del Estado
social. Se ha roto la unidad de caja. Las Comunidades con niveles altos de
renta y, por lo tanto, con capacidad fiscal elevada podrán financiar un sistema
público de salud digno; lo que será muy difícil, por no decir imposible, para
Comunidades de baja renta. Habrá una sanidad de ricos y otra de pobres,
dependiendo de la zona de la geografía española en la que nos encontremos.
La situación no parece que vaya a
mejorar en el futuro. Todo indica que el nuevo sistema de financiación
autonómica al que se va a ver avocado el actual Gobierno empeorará
sustancialmente las cosas. El ministro de Administraciones Públicas afirmó hace
unos días en un importante diario de Madrid que es razonable que Cataluña
aspire al mismo régimen fiscal del País Vasco. Lo que no es razonable, mejor
diríamos justo, es el sistema fiscal del País Vasco y Navarra. El sistema de
concierto sólo puede sostenerse por tratarse de dos Comunidades pequeñas; su
extrapolación al resto, especialmente a las más ricas como Cataluña y Madrid,
supondría eliminar definitivamente todos los mecanismos de redistribución
regional de la renta, en definitiva destruir la unidad del Estado social.