Un problema político

¿Podrán seguir pagándose las actuales pensiones? SI

Sí. Poder, claro que se podrá. Otra cosa muy diferente es que se quiera, es decir, que exista la voluntad social y política de mantener el sistema público de pensiones.

En todos los países desarrollados la renta per cápita casi se ha duplicado en los 20 últimos años. Somos el doble de ricos. Es fácil prever, incluso adoptando una postura conservadora, que otro tanto ocurrirá, sea cual sea la pirámide de población, en los próximos 30 años. ¿Cómo podemos afirmar que van a ser inviables aquellas prestaciones que sí manteníamos cuando éramos cuatro veces más pobres? El presunto envejecimiento de la población no tiene por qué implicar unos menores recursos totales. Quizá tan sólo una composición distinta de la demanda. Menos gasto en Educación y más en Sanidad y pensiones, menos consumo de bienes privados y más de servicios públicos. El problema no es de producción ni de falta de recursos, sino de reparto. Es un problema político, ideológico, de opciones. ¿Cuál va a ser el criterio para distribuir toda esa inmensa riqueza de la que nos vanagloriamos?

La confusión, confusión querida y propiciada en el Pacto de Toledo, proviene de separar la Seguridad Social del resto de las finanzas públicas, creando compartimentos estancos e incomunicados. ¿Dónde está dicho que las pensiones deban financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales? El sistema público de pensiones es antes que nada una obligación constitucional del Estado, de ese Estado social previsto en nuestra Carta Magna, que deberá sufragarse, al igual que el resto de las obligaciones públicas, mediante todos los recursos del Estado. Recursos que, independientemente de la relación activos-pasivos, se incrementarán de manera sustancial en el futuro si, como es de esperar, la renta y la riqueza nacional crecen al mismo ritmo que en las dos décadas anteriores; recursos que deberán generarse de la imposición sobre todas las rentas y no sólo sobre las de trabajo.

No existe ninguna inviabilidad económica, siempre que estemos dispuestos a mantener un sistema fiscal progresivo. Ello es tanto más cierto en nuestro país donde, a pesar de lo afirmado en el último panfleto de la OCDE, el gasto en pensiones absorbe tres puntos menos del PIB que en la media de los países europeos.

Por otra parte, la calificación de reparto no deja de ser relativa. Podríamos suponer que el dinero aportado hoy por las cotizaciones se dirige, no a financiar las pensiones actuales, sino como préstamo al Estado que lo devolverá en el futuro con sus intereses en forma de pensiones. Los detractores del sistema público serían los primeros en poner el grito en el cielo si alguien osase afirmar que mañana el Estado va a negarse a pagar las amortizaciones e intereses de la deuda pública.