Casualidades

La realidad política y económica está llena de casualidades.

Sin duda es una casualidad que Ferrovial haya decidido retirar el recurso que tenía planteado a la concesión de las licencias de UMTS, poco después de que se le adjudicase la construcción y explotación de la autopista R4 Madrid-Ocaña.

También es una casualidad que el ministro que pocos días antes de las elecciones forzó la adjudicación de las licencias de UMTS, fuese después fichado por el sector privado, concretamente, como presidente de Carrefour España. Y, casualidad es, que el principal accionista español de Carrefour sea el Grupo March, accionista también con Florentino Pérez de Xfera que, ¡oh casualidad!, resultó adjudicataria en el polémico concurso. Todos son casualidades. Pero son esas casualidades las que a algunos les hacen ricos y extienden un manto de sospecha sobre la rectitud de políticos y funcionarios.

Lo más grave es que los políticos se escudan en los funcionarios que componen las mesas de contratación y en los criterios inamovibles de los Pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

Los criterios fijados en los pliegos son, sí, inamovibles, pero suficientemente abiertos para que quepan valoraciones distintas y subjetivas. No son los criterios los que se pueden cambiar, sino las valoraciones que se hacen al aplicarlos, tanto más cuanto que en los diferentes concursos los pliegos se suelen redactar concediendo apenas importancia a las ofertas económicas y dejando en manos de las valoraciones técnicas la adjudicación.

La decisión, por tanto, de los funcionarios que componen la mesa de contratación: abogado del estado, interventor, etcétera, depende totalmente de los informes técnicos que reciben y de las valoraciones que en ellos se realizan. Su labor queda reducida a la de meros notarios que dan fé de la legalidad del procedimiento, pero siéndoles imposible entrar en el contenido de la adjudicación. Son los informes técnicos y las respectivas valoraciones las que determinan la decisión. El proceso se hace aun más vulnerable y susceptible a la manipulación de los responsables políticos, en la medida en que en esos informes intervienen con frecuencia empresas consultoras ajenas a la Administración. Parece ser que en el caso de las licencias de UMTS, a la empresa consultora se le exigió realizar un segundo informe modificando el que ella previamente había entregado.

Como he afirmado en alguna otra ocasión, el hecho de que en las adjudicaciones de licencias de UMTS el gobierno español haya optado por el concurso en lugar de por la subasta, no sólo ha privado de muchos miles de millones a la Hacienda Pública, sino que también ha propiciado la fundada sospecha de que algo turbio se ha movido en la licitación.

Uno cree en las casualidades, pero resulta difícil no tener la impresión de que existe una tupida red de intereses entre los poderes políticos y económicos. Todos se conocen, todos se intercambian favores. Algo huele a podrido en Dinamarca.