El BCE y los salarios

Los bancos centrales, que tan celosos son en la salvaguarda de su independencia y autonomía (léase irresponsabilidad democrática), son aficionados a entrometerse en otras materias económicas muy alejadas de su competencia. El Banco de España durante más de treinta años ha intentado y en gran medida ha conseguido dirigir la política económica nacional. Se convirtió en el principal foco emisor de pensamiento económico neoliberal, al tiempo que dejaba un triste balance en la realización de los cometidos que le eran propios, tanto en la instrumentación de la política monetaria, llena de errores y de rectificaciones con un alto coste en materia de crecimiento y empleo, como en la supervisión de las entidades financieras, del que son buena muestra las frecuentes crisis bancarias que han restado enormes recursos al erario público y a los españoles. Los últimos años han sido especialmente llamativos, ya que, mientras se dejaba arder el sistema financiero, causante de la crisis que sufre la economía española y que va a gravar a los contribuyentes con una carga cercana a los cien mil millones de euros, las autoridades del Banco de España se preocupaban de los salarios y de las reformas laborales.

El Banco Central Europeo cumple fielmente este patrón. A la vez que se desentiende de su cometido, mantener la estabilidad financiera dentro de la Eurozona, y permite que los intereses que pagan unos países miembros sean seis veces superiores a los de otros, se preocupa de los salarios y de las reformas laborales; todo ello, claro está, siguiendo una orientación netamente neoliberal y reaccionaria.

En el informe mensual hecho público el día 9 de agosto, el BCE retorna a sus obsesiones y demanda de los países que reduzcan los costes salariales con la finalidad de ganar competitividad. Recomienda rebajar el salario mínimo, relajar las leyes de protección social, conceder prioridad a la negociación colectiva en la empresa sobre la sectorial, y abolir la indiciación de los salarios con la inflación. Aplaude la última reforma laboral aplicada en España. Lo raro sería que no lo hiciese cuando ha sido impuesta por esta misma institución mediante un chantaje sin precedentes. Como cuenta Ekaizer en su último libro, ”Indecentes”, Rajoy tan solo ha copiado casi al milímetro la famosa carta nunca hecha pública pero conocida por todos, que, suscrita por Trichet y Fernández Ordoñez, el BCE envió al anterior presidente, Rodríguez Zapatero, como peaje a pagar por la intervención en el mercado comprando deuda italiana y española. Lo más grave es que se llega a afirmar que de haberse aprobado antes se habría reducido la destrucción de empleo.

Cuesta imaginar que los conspicuos expertos de esa institución se crean sus propias aseveraciones. Solo prejuicios ideológicos basados en intereses económicos pueden explicar tales posiciones. La desregulación de los mercados de trabajo únicamente sirve para que los empresarios ahorren dinero, puedan despedir con mayor facilidad y el paro se incremente. Si España se sitúa a la cabeza en los niveles de desempleo europeos se debe en gran medida a las múltiples reformas laborales emprendidas en los treinta últimos años.

La experiencia ha demostrado reiteradamente que en crisis de demanda como la actual la reducción de los costes salariales lejos de crear empleo lo destruye. Los empresarios no acometerán nuevos proyectos ni contratarán nuevos trabajadores si no existe demanda para sus productos y servicios y, tal como ha afirmado recientemente la OIT, la reducción salarial tendrá un efecto negativo sobre el consumo y, por lo mismo, sobre la demanda interior, con lo que el resultado será el contrario al pretendido.

El BCE asume un modelo de crecimiento que no se sustenta en la demanda interna sino en las exportaciones. Es el famoso sistema de empobrecer al vecino, consistente no en agrandar el pastel, sino en robar una parte de él a los otros países por el procedimiento de incrementar la productividad reduciendo los costes laborales. Este modelo tiene el gran inconveniente de que es previsible que el vecino reaccione con medidas similares, de modo que los efectos se anulan. El único resultado es que los trabajadores son más pobres y la demanda interior se deprime.

El modelo es tanto más incongruente en cuanto que las recomendaciones se orientan a un conjunto de países tal como hace el BCE; porque si se trata de ganar cotas de mercado en la Eurozona, ninguno de ellos lo conseguirá si todos aplican la misma política, el único efecto previsible será el estancamiento económico, cuando no la recesión. Si lo que se pretende es aumentar la competitividad de los países de la Eurozona frente al exterior, el BCE tiene en su mano un instrumento mucho más eficaz y directo, mantener una política monetaria más laxa que deprecie el euro frente a las otras divisas de tal manera que los productos europeos se abaraten respecto a los de terceros países.

Porque, además, el BCE olvida o quiere olvidar otra variable. Son los precios los que en todo caso hacen más competitivos los productos y servicios, no los costes laborales. La disminución de estos puede no traducirse en una reducción de la inflación sino en un incremento del excedente empresarial, como así ha ocurrido en España desde nuestro ingreso en la Unión Monetaria. Los costes laborales unitarios en términos reales han evolucionado por debajo de los del resto de países europeos. De nada ha valido, ya que los precios han seguido una evolución inversa, con la consiguiente pérdida de competitividad, origen en buena medida de las actuales dificultades. La situación se ha agudizado a partir de la crisis. En estos años el incremento salarial medio en convenios ha sido inferir al incremento del IPC. Los trabajadores, los que aun conservan su empleo, han perdido poder adquisitivo y los empresarios se han apropiado de todo el crecimiento de la productividad, muy alto en estos cuatro últimos años (cercano al 3%), al ser los puestos de trabajo destruidos los de peor calidad.

El BCE en su ofensiva contra los salarios cuenta en el interior con importantes aliados. El sábado día 11 de agosto, un periódico de tirada nacional titulaba en portada, a propósito del informe del BCE y como ratificación de sus recomendaciones, “Los salarios en España han subido en la crisis más que en Alemania”. Y en páginas interiores ofrecía datos de Eurostat sobre la evolución de los costes laborales (incluyendo las cotizaciones a la seguridad social) en distintos países. Según dichas cifras, los costes laborales españoles habían crecido en los últimos cuatro años (2008-2011) un 8,9%, porcentaje superior a los de Alemania (6%), Francia (7,5%) y a la media de la Eurozona (6,9%).

Este análisis parte de un error de bulto. No considera la productividad, variable muy importante teniendo en cuenta la modificación surgida en el mercado laboral español, en el que más de cuatro millones de trabajadores se han incorporado al paro, trabajadores que en su mayoría pertenecían a los sectores más precarios y con peores salarios. Existe por tanto un mero efecto estadístico. Los costes laborales, al ser una media, se incrementan sustancialmente, al igual que la productividad, por el simple hecho de no considerar ya a estos trabajadores, pero eso en ningún caso significa que hayan aumentado las retribuciones de los asalariados que mantienen su empleo.

Las cifras cambian sustancialmente si consideramos la productividad y atendemos a los costes laborales unitarios. Estos (según el informe de primavera de 2012 de European Economy publicado por la Comisión) descienden en España 3,5 puntos, mientras se incrementan 6 puntos en Francia y Alemania, y 4 en la media de la Eurozona. La diferencia sería aun mayor si considerásemos la inflación y hablásemos de costes laborales unitarios en términos reales. Como se puede apreciar, es preciso saber interpretar las cifras si no se desea ofrecer informaciones sectarias y tendenciosas.

Si los datos de costes laborales en valores absolutos facilitados por Eurostat y el citado medio no nos sirven para juzgar la evolución de los salarios, sí son útiles para hacernos una idea del nivel en el que se mueven las retribuciones de los trabajadores en los distintos países. Así, si el coste laboral por hora trabajada en España es de 20,6 euros; en Noruega, Bélgica, Suecia y Dinamarca ronda los 40; en Francia, 34,2; en Alemania, 30; en Italia, 27, y la media de la zona euro se sitúa en 27,6. España se encuentra tan solo por encima de Grecia, Portugal y los antiguos países del Este.

Dos cuestiones surgen ante estas estadísticas. La primera es saber hasta qué nivel quieren el BCE y sus seguidores que desciendan los salarios de los trabajadores españoles. ¿Hasta el de Bulgaria? La segunda cuestión radica en que si la economía española no es competitiva, no parece que la culpa sea de los salarios. Otras serán las causas, tal vez entre ellas estén los incrementos del excedente empresarial, bastante mayores que los de los otros países.