La
ley del suelo
A pesar de los esfuerzos realizados por el presidente del Gobierno para
rentabilizar políticamente de cara a las presentes elecciones municipales la
nueva Ley sobre el suelo -salió
improvisadamente a la tribuna del Congreso desplazando a la ministra-, lo
cierto es que ha tenido poco eco en la prensa. Tal vez, porque profesamos un
escepticismo radical acerca de la eficacia de las leyes. Va calando en nuestra
conciencia que la realidad no se transforma exclusivamente con normas
jurídicas. Esto es tanto más cierto en nuestro país ya que su aplicación queda
en la mayoría de los casos encomendada a las Comunidades Autónomas o a los
Ayuntamientos, que reaccionan de manera muy diversa.
No obstante,
Sin duda hay que
considerar positivo el hecho de que se establezca la revisión de todas las
actuaciones que conduzcan a un incremento superior a un 20% de la población o
de la superficie de suelo urbanizado de un municipio. Se evitarán así desmanes
urbanísticos como los de Seseña, y aumentará la
protección al medio ambiente y a los espacios naturales.
La Ley intenta
también dar respuesta a una necesidad profundamente sentida: la de mayor
transparencia en los temas urbanísticos. Se implanta la obligación de someter a
información pública todos los planes y convenios, así como la de que el pleno
municipal tenga que aprobar las permutas de terrenos. Habrá de hacerse pública
también, en el caso de recalificación del suelo, la identificación de los
dueños en los últimos cinco años. No hay duda de que el mayor antídoto contra
la corrupción es la información y la transparencia, y en gran medida los abusos
y las ilegalidades en materia urbanística han venido de la mano del
oscurantismo y de la falta de claridad en los procedimientos.
No es ningún
secreto la proliferación de concejales y alcaldes con intereses urbanísticos.
Desde los grandes municipios a los pequeños, en todos ellos el número de ediles
municipales dedicados a la construcción o implicados de alguna forma en este
sector es elevadísimo. En ese sentido, también parece apropiada la medida
adoptada por la nueva ley de aplicarles un sistema de incompatibilidades igual
al que rige para los altos cargos de
Pero quizás la
novedad más relevante de la norma estribe en la exigencia de valorar los
terrenos teniendo en cuenta su naturaleza actual sin incorporar expectativas de
futuras reclasificaciones. Uno de los aspectos más chirriantes de la realidad
económica presente se encuentra en los desproporcionados enriquecimientos
producidos por el mero hecho de que una decisión administrativa decida
recalificar de rústicos a urbanos determinados terrenos. El origen de toda la
corrupción urbanística actual parte precisamente de esta realidad. Cuando está
en juego tanto dinero y es tan fácil obtenerlo, la tentación de compra de unos
y de venderse de otros resulta enorme.
Cualquier
plusvalía que pueda producirse debería repercutir en las arcas públicas y en
ningún caso deberían beneficiarse de ella los anteriores propietarios, pues
carecen de título o mérito alguno para ello. No sé si la nueva ley elimina por
completo la especulación; pero, en cualquier caso, es un comienzo en la buena
dirección. Tal vez se necesitaría ser más ambiciosos en las facultades de
expropiar de los poderes públicos y emprender una reforma en profundidad de