Réquiem por las
Cajas de Ahorros
El Gobierno acaba de aprobar un
decreto ley que certifica la defunción de las Cajas de Ahorros. Se inicia un
proceso similar al de Italia. El desenlace no puede ser diferente. En este
último país las cajas ya han desaparecido. El contenido del decreto ley no ha
supuesto ninguna sorpresa. Dado que el Gobierno se ha adentrado por el camino
de una política netamente de derechas, no cabía esperar nada distinto. Era previsible
que se inclinase hacia las privatizaciones. En sentido estricto, sin embargo,
no se puede hablar de privatizaciones, puesto que jamás han estado
nacionalizadas, nunca han sido públicas.
Una de las actuaciones más
decepcionantes del PSOE cuando llegó por primera vez al gobierno en el año 82,
fue el tratamiento dado a las Cajas de Ahorros, renunciando a crear con ellas
una banca pública potente y dejándolas, por el contrario, en manos de
Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo
que las hizo presas fáciles del caciquismo local y las privó de los mecanismos
de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza y esa
inconsistencia en su funcionamiento las ha hecho enormemente vulnerables a la
crisis actual. Conviene recordar, no obstante, que las cajas soportaron la
crisis bancaria de los ochenta mucho mejor que los bancos y que fueron éstos
los que precisaron ser salvados por el Estado y absorbieron cerca de dos
billones de pesetas de las de entonces de recursos públicos.
No es lícito, por tanto, sacar
conclusiones interesadas acerca de que su carácter público las ha conducido a
las dificultades que bastantes de ellas padecen en
Es posible que en el sistema
económico actual la figura de las cajas -situadas en tierra de nadie- se
encuentre obsoleta; es posible también que bastantes de ellas precisen de
capitalización, pero la inyección de capital puede ser tanto pública como
privada. De hecho, la financiación ya está siendo pública, a través del FROB.
Lo inaceptable es que el sector privado se apropie de lo rentable, mientras que
el sector público termina asumiendo como siempre las pérdidas.
La capitalización de las Cajas de
Ahorros se puede realizar perfectamente desde el Estado creando una consistente
banca pública. Aunque esto parezca hoy una herejía, lo cierto es que si algo ha
demostrado esta crisis es el papel relevante que el sistema financiero juega en
cualquier país y cómo toda la economía está dependiendo de él. Quiérase o no,
se ha convertido en el servicio público más importante. Esta crisis ha puesto
de manifiesto el peligro que representa dejar una parte tan esencial de la
economía en manos privadas. Y ha demostrado algo más, que a la hora de la
verdad es el Estado el que tiene que sufragar la orgía financiera.
La solución “a la carta” por la que
se ha optado es la peor de las posibles y constituye un peaje de los
nacionalismos. Desde el Gobierno, con tono didáctico, se explica que cada caja
podrá optar por la solución que mejor le cuadre. Sin embargo, saben que es
falso y que la decisión la tomarán las Comunidades Autónomas según sus
posibilidades y de acuerdo con el margen de maniobra que les permita el Banco
de España. En un proceso más o menos largo, la mayoría de las cajas se
transformarán en bancos. Sólo las grandes podrán subsistir y, especialmente, si
están en una comunidad con mayoría nacionalista, que no renunciará a tener su
propia banca pública en forma de caja. Una vez más, se producirá la disparidad
y el desequilibrio regional.