Merkel, Mas, Rosell y
Esperanza Aguirre
Por si
alguien albergase aún dudas de hacia dónde camina la Unión Europea, el Consejo
celebrado la semana pasada debería haberlas disipado. Los acuerdos tomados
muestran de forma palmaria la inviabilidad de la Unión Monetaria, al tiempo que
dejan al descubierto la hipocresía que domina el discurso de los mandatarios
europeos. ¿Cómo hablar de unión fiscal cuando los países del norte lejos de
permitir que el presupuesto comunitario se incrementase para los próximos siete
años, han forzado su reducción a ese nimio 1% del PIB, sin parangón con el
presupuesto de cualquier Estado? Y no se alegue como excusa la austeridad
porque de lo que se trata no es de aumentar el gasto público global sino de que
las finanzas públicas, impuestos, servicios y prestaciones sociales estén más
centralizados en Europa y no disgregados por países.
Merkel quiere los
beneficios que el mercado único y la Unión Monetaria reportan a Alemania,
aunque no parece dispuesta a que se establezca en Europa una verdadera unión
fiscal que compense los desequilibrios regionales que producen. En eso se
parece a Artur Mas que desea
la independencia para Cataluña en materia de Hacienda Pública, pero pretende
que los empresarios catalanes continúen usufructuando el mercado del resto de
España. Los ricos, bien sean personas, regiones o naciones, llevan mal toda
política redistributiva.
Los
ricos odian al Estado y por eso Juan Rossell arremete
contra los funcionarios. El presidente de la patronal coloca el origen de los
problemas económicos de España en el excesivo número de empleados públicos que
según él existen. El pufo de los bancos y de las constructoras no tiene
importancia, como tampoco debe tenerla el que su antecesor en el cargo vaya a
terminar en la cárcel, que su segundo en el mando, patrono de los patrones de
Madrid, pague en dinero negro a sus empleados o que el deporte nacional de los
empresarios de este país parezca ser corromper a los políticos, porque tan
corrupto es el que se vende como el que compra. Bien es verdad que la
corrupción tiene los días contados, ya que se van a encargar de eliminarla nada
menos que Artur Mas en Cataluña y Esperanza Aguirre
–que según dice abandonó la política– en el resto de España, dos conocidos
adalides de la lucha contra las comisiones.
Al señor
Rossell no le gustan los funcionarios. Prefiere que
se externalicen los servicios públicos para que sus empresarios consigan
pingües beneficios; se inclina por los hospitales y colegios privados como los
que promueven Esperanza Aguirre e Ignacio González. Porque no se trata de
gastar menos, sino de que el gasto pase por las empresas para que estas se
apropien de un trozo de pastel, que siempre será cuantioso aunque tengan que
hacer partícipes a las oligarquías políticas.
Los
gobiernos centrales y autonómicos, de este color y del otro, han hecho siempre
caso al señor Rossell (excepto cuando se trata de
colocar a dedo a gente afín a su partido) y han estado prestos a externalizar
los servicios, reducir el número de empleados públicos, incluso en aquellas
funciones que son típicamente administrativas y sustituirlos por contratas o asistencias
técnicas, sin duda más caras (algo tienen que ganar los empresarios) y donde el
control resulta mucho más difícil.
El señor
Rossell, como Merkel, como
Mas y como Esperanza Aguirre, desea que haya menos funcionarios, es decir que
existan menos servicios públicos (ellos no los necesitan); aunque lo que de
verdad ansía es que haya menos impuestos, eso a pesar de que las estadísticas
(las europeas) afirmen que España se encuentra a la cola de los países europeos
en el número de empleados públicos por habitante, y que su presión fiscal es la
más reducida de la Europa de los 15, por debajo incluso de Grecia y Portugal.
Pero es
que al señor Rossell no le gustan las estadísticas. Participa de ese viejo
aforismo que con cierta ironía circula por las redacciones de los periódicos:
“No dejes que la realidad te arruine un buen reportaje”. No dejes que las
estadísticas descubran la falacia de tu discurso, se dice a sí mismo el
presidente de la patronal, y por eso arremete contra la Encuesta de Población
Activa, homologada en Europa y una de las estadísticas más exactas en opinión
de los expertos. Ese enorme número de parados, seis millones, molesta al señor Rossell no sea que alguien se dé cuenta de que las
distintas reformas laborales implantadas han tenido los dos únicos efectos que
cabía esperar, generar mucho más paro y beneficiar a los empresarios.