Lo que pone en peligro las pensiones

Quieren que nos alegremos de que hayan rebajado las pensiones y anunciado que en el futuro cada cinco años se revisarán (es decir, se volverán a bajar) en función de cómo se modifique la esperanza de vida. Sobre el discurso de las pensiones se ha venido acumulando todo tipo de falacias. No es la esperanza de vida, ni la pirámide de población, la variable estratégica a la hora de enjuiciar la sostenibilidad del sistema, sino la renta per cápita. Si ésta se incrementa, como es previsible -en los últimos 30 años se ha duplicado- no hay ninguna razón para que un colectivo, los jubilados, cercano al nivel de pobreza (el 77 % no llega a los 1.000 euros mensuales), no pueda seguir teniendo la misma renta, e incluso mayor, incrementándose en la misma proporción que la renta per cápita. El error está en aceptar que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales y que la Seguridad Social sea algo distinto del Estado cuando es éste, en función de su carácter social, el que tiene la obligación de mantener las pensiones con todos sus ingresos.

Lo que pone en peligro el sistema público de pensiones es una mentalidad que denigra los impuestos, que destruye su progresividad, que reduce los gravámenes sobre las rentas de capital y que permite la elusión fiscal de las grandes fortunas y de las empresas. No deja de ser curioso que en un acuerdo que pretende compararse con los Pactos de la Moncloa no se haya escrito una sola línea sobre impuestos. Bueno, sí, para reducir las cotizaciones sociales bajo el eufemismo de las políticas activas de empleo.

El aumento de la esperanza de vida lo único que implica es que, tal como Galbraith afirmó hace ya bastantes años, se precisará una redistribución de los bienes a consumir a favor de los bienes públicos y en contra de los privados. Es decir, que será necesario que progresivamente una parte mayor del PIB se destine a pensiones, a sanidad y a gastos derivados de las situaciones de dependencia. Pero nuestro país tiene un amplio margen para ello. Dedicamos a pensiones un 9 % del PIB, mientras la media de la Eurozona se sitúa en el 12%; Francia en el 13,3%; Italia en el 14,6%; Alemania en el 12,4%; Austria en el 13,8 % e incluso Polonia y Portugal dedican un porcentaje mayor que el nuestro (11,6 y 13,1 % respectivamente). Como se ve, nuestro sistema es altamente generoso y no puede mantenerse.