Lo que quiere el FMI para España

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de divulgar nuevas previsiones de la economía española para 2009. Pronostica una bajada de un punto del PIB, y corrige así su estimación anterior, de hace tan solo un mes, consistente en el 0,7 por ciento. Seguro que si cada mes cambia las previsiones es muy posible que acabe por dar en la diana.

Este organismo internacional dibuja, tanto a corto como a largo plazo, un panorama negro para la economía de nuestro país. Por lo visto, solo ha encontrado un punto positivo: la actuación de las entidades financieras que alaba por conservadora. No le daría yo tal calificativo porque a ver cómo ha surgido el enorme endeudamiento exterior de nuestra economía. Si a lo que se refiere el Fondo es a que no se han contaminado de las hipotecas subprime y demás títulos basura tiene razón, pero ello no es porque hayan aplicado una política conservadora, sino porque era muy difícil que se contaminasen, ya que, dado nuestro cuantioso déficit exterior, acudían a los mercados internacionales no a comprar activos, ni buenos ni malos, sino a emitir pasivos, es decir, a endeudarse.

En cuanto a la política interior, no ha sido precisamente muy conservadora, pues han concedido créditos, por ejemplo a las promotoras, basándose en el falso supuesto de que las condiciones económicas no iban a cambiar nunca, y han ofrecido a los clientes, principalmente a los particulares, una información equívoca sobre la hipótesis de que los tipos de interés no iban a variar.

Ciertamente el panorama económico de nuestro país no es precisamente halagüeño pero ello se debe, en primer lugar, al enorme déficit exterior que vamos acumulando sin que tengamos posibilidades de devaluar. Todos estos años anteriores hemos venido creciendo a crédito y en esto, digo yo, que algo tienen que ver las entidades financieras.

Lo peor del informe, sin embargo, son las recomendaciones que ofrece para salir de la crisis que no por esperadas dejan de ser absolutamente sectarias. Hablan de reformas en profundidad que, en realidad, se concretan en la del mercado laboral para dotarlo de más flexibilidad, abaratar el despido y que no se acepte la revisión de sueldos según la inflación. Son recomendaciones que muy bien podía haber dado la patronal.

Si por algo se caracteriza nuestro mercado laboral es por una flexibilidad excesiva, con un tercio de los asalariados con contratos temporales y una fuerte externalización de los servicios de las grandes empresas que hace que una buena parte de sus trabajadores no figuren como tal, sino como pertenecientes a la plantilla de otra empresa subcontratada. La prueba mayor de la desregulación que afecta al mercado de trabajo es la facilidad y rapidez con la que la contracción de la actividad se trasmite al empleo, incrementando el paro.

Resulta difícil mantener que el despido es caro en nuestro país cuando se puede prescindir de la tercera parte de los trabajadores sin coste alguno, simplemente no renovándoles el contrato. El despido que quieren abaratar es el improcedente, es decir, el que no tendría que existir, el que se realiza sin ningún motivo o razón y causado exclusivamente por la voluntad del empresario. Menos justificación tiene aún la petición de que los salarios pierdan poder adquisitivo. Si algo está claro en esta crisis es que la culpa no es de los trabajadores.