Diálogo
social
En todas las concertaciones sociales, que ya
han sido muchas, me he hecho la misma pregunta, ¿qué aportan los empresarios?
Las organizaciones sindicales suelen consentir recortes en los derechos de los
trabajadores, de manera que estos se han venido reduciendo de forma continuada.
Flexibilizar el mercado laboral, lo llaman. El Estado acaba poniendo sobre la
mesa dinero, recursos públicos que son de todos los ciudadanos, pero la CEOE
con lo único que colabora es con su firma y con salir en la foto.
En la actual negociación está ocurriendo
algo similar. Los representantes de las empresas no dejan de hacer
reivindicaciones maximalistas, pero no se ve muy bien qué están dispuestos a
ceder. Dirán que van a crear empleo, pero esto, en todo caso, lo harán las
empresas y únicamente si les conviene y, por supuesto, al margen y de forma
independiente de si la patronal ha firmado o no.
Aumentar la cobertura del seguro de
desempleo no es algo que concedan ni la CEOE ni los empresarios, sino el
Gobierno, es decir, todos los españoles, a través de los presupuestos del
Estado y no se entiende muy bien por qué hay que esperar al diálogo social para
tomar esta decisión que, aparte de ser de estricta justicia social, es una de
las medidas que puede resultar más eficaz contra la recesión.
Los empresarios aprovechan la crisis para
plantear las exigencias más retrogradas. Proponen el contrato laboral del siglo
XXI, aunque se parece más al del siglo XIX. Se habla de abaratar el despido,
pero no es cierto; lo que se pretende abaratar es el despido improcedente.
Nadie dice que sea caro el procedente, bien sea por motivos disciplinarios
–cero indemnización–, bien sea por causas económicas, tecnológicas o de
cualquier otro tipo. Los empresarios aspiran a igualar el improcedente con el
procedente o, lo que es lo mismo, a dictaminar ellos, en lugar de un juez,
sobre su procedencia. Existen, sí, muchos contratos temporales, tantos como a
lo largo del tiempo han reclamado las empresas y los distintos gobiernos han
venido concediendo. Por cierto, si muchos de ellos se introdujeron en la
legislación laboral sin aquiescencia de los sindicatos –recuérdense las distintas huelgas
generales–, no se ve por qué ahora no se puede hacer lo contrario aun cuando la
CEOE no esté de acuerdo.
Más recochineo tiene la otra petición, la de
bajar cinco puntos las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que hace pocos
días reclamaban una reforma del sistema público de pensiones basándose en su
inviabilidad. Así, bajando cotizaciones y los impuestos, no hay duda de que es
inviable. Sustituir cotizaciones por IVA, implica trasladar la carga impositiva
de las empresas a los consumidores.
Pretender ganar competitividad reduciendo
los costes, tanto si son salariales o sociales, nos introduce en un camino sin
salida. En primer lugar, porque nadie asegura que la reducción de costes se
traslade a los precios y no a incrementos del excedente empresarial. En segundo
lugar, porque siempre habrá países con costes más bajos y, en todo caso, todos
reaccionarán disminuyéndolos, de manera que se producirá una carrera al
infinito.