La
crisis y la financiación de las promotoras
El 24 de abril de 2004, escribí un artículo
en el diario El Mundo, periódico en el que entonces colaboraba, con el
siguiente título: “Encrucijada económica del nuevo Gobierno”. El PSOE acababa
de ganar las elecciones, triunfo en el que poco o nada había tenido que ver la
economía. Tal como manifestaba en el artículo, la falta de una auténtica
alternativa socialista en esta materia había permitido que quedase flotando en
la opinión pública el éxito de la política económica del Partido Popular. Y ahí
es donde se encontraba el reto para el nuevo Gobierno, porque si daba por bueno
que vivíamos en materia económica en el mejor de los mundos posibles, tendría
enormes dificultades a la hora de justificar los problemas con los que sin duda
se iba a tropezar en el futuro, problemas que ahora se hacen presentes.
Lo cierto es que ya entonces, detrás de
algunos datos macroeconómicos excelentes y de ese escenario de aparente
prosperidad, se vislumbraba toda una serie de potenciales riesgos, que
pormenorizaba yo en el artículo y que antes o después tenían que estallar. Lo
realmente sorprendente es que la bonanza haya durado cuatro años más y que la
crisis no se haya producido antes. El crecimiento económico durante estos doce
años se ha basado en el consumo interno y en la construcción, pero ambos
factores apalancados por un enorme endeudamiento privado, que se ha traducido,
a pesar del buen comportamiento de las finanzas públicas, en un déficit
exterior que se sitúa entre los más elevados, si no el más elevado, de
No tiene razón Zapatero cuando pretende
situar la causa de la crisis exclusivamente en las hipotecas subprime o en el incremento de los precios del
petróleo. Para nuestro país las variables exteriores han sido tan solo el
detonante, y la gravedad de la situación no radica únicamente en que, al igual
que otras economías europeas, tengamos tasas bajas o negativas de crecimiento
durante varios trimestres con el consiguiente incremento del paro, sino en el
riesgo de que seamos incapaces de ajustar nuestros desequilibrios,
transformando en crónica la crisis.
Menos razón tiene aún Rajoy en culpabilizar
al actual Ejecutivo, porque en todo caso las medidas correctoras se deberían
haber planteado a lo largo de los doce años de complacencia y, por lo tanto, la
responsabilidad correspondería a ambos partidos y en mayor medida al PP, ya que
a sus gobiernos pertenecen las dos terceras partes del periodo milagroso.
Ahora, poco o nada se puede hacer a corto
plazo como no sea emplear selectivamente el margen de maniobra que presentan
las finanzas públicas para paliar los efectos negativos de la crisis. Y en esa
dinámica se inscribe la medida anunciada el miércoles pasado por el presidente
del Gobierno de abrir una línea de crédito de 3.000 millones de euros para los
promotores de viviendas.
No se equivocaba Zapatero cuando en Rodiezno (León) hace escasos días afirmaba: “No me pidan
dinero para salvar a empresas que han tenido enormes beneficios”; y, quizás
guiado por argumentos más técnicos y menos ideológicos, Solbes ya en mayo había
declarado algo parecido: “No se debe impedir artificialmente el necesario
ajuste de la construcción. El sector ha acumulado ciertos excesos en años
anteriores que deben ser corregidos”. Pero una cosa es la teoría y otra la
práctica, y en este mundo de economía neoliberal la práctica conduce a que se
privaticen los beneficios y se socialicen las pérdidas. Los gobiernos se ven en
la necesidad de intervenir y salvar sociedades en crisis por las implicaciones
que sus quiebras tendrían sobre la economía nacional. Buen ejemplo de esta
contradicción es la conducta seguida por el país que pasa por ser de los más
liberales del mundo: EEUU.
Las constructoras españolas atraviesan una
situación crítica, al borde de múltiples suspensiones de pagos que podrían
poner en serios aprietos a las cajas de ahorros. El Gobierno ha tenido que
ceder. La medida adoptada no es desde luego la peor, sobre todo si se acomete
con las debidas garantías. Se pretende dotar de liquidez a las promotoras a
cambio de que arrienden los pisos que en los momentos actuales no pueden
vender. En principio, no se trata de ninguna subvención, ni de salvar a
empresas no viables, sino tan solo de ayudarles a capear el temporal haciendo
posible que hagan rentables sus activos mediante el alquiler, y financiarles la
inmovilización temporal de estos.
La condición de que pongan los pisos en
alquiler parece acertada. En primer lugar, porque garantizan la rentabilidad de
los activos y por lo tanto la capacidad de las empresas de hacer frente a los
costes de financiación, que en ningún caso deberían ser distintos del tipo de
interés del mercado; y, en segundo lugar, porque hoy la vía más factible para
promocionar la vivienda es sin duda la del arrendamiento y a esta modalidad se
deberían encaminar casi en exclusiva las actuaciones de protección oficial,
pero esto sería ya el tema de otro artículo.